Cochabamba, martes 20 de noviembre de 2018
Alcaldía bajo la lupa

Leyes se expone a 10 años de prisión en juicio que puede durar 3

El caso mochilas es el más complicado de siete procesos pendientes. Tres abogados privados lo defienden.
Twitter:@becor2002 | betty condori rojas | 13 may 2018

El semblante de José María Leyes, en la audiencia del viernes 4 de mayo. DICO SOLÍS

Son cinco los delitos que supuestamente cometió José María Leyes, alcalde de Cochabamba, en la compra de más de 91.000 mochilas chinas. Dos de ellos le pueden representar una pena máxima de 10 años.

Uno de los tres abogados particulares de Leyes, Alberto Trigo, está seguro de que el proceso será lento y que llevará por lo menos tres años antes de llegar a una conclusión.

Al margen de las mochilas, el Alcalde tuvo 22 denuncias de las que 14 fueron rechazadas y siete están vigentes.

EL PROCESO

El escándalo estalló el 2 de abril de este año cuando la concejala Rocío Molina denunció ante el Ministerio Público la presunta irregularidad en el procedimiento y los precios de adjudicación de las mochilas. El hecho derivó en la detención domiciliaria de Leyes y la ampliación de investigación a por lo menos una veintena de ex y actuales funcionarios, además de tres personas relacionadas con la empresa importadora de las mochilas.

Tras la denuncia, el alcalde Leyes contrató los servicios privados de un equipo jurídico compuesto por tres abogados: Alberto y Humberto Trigo, además de Alberto Morales.

Sergio Coca, amigo y abogado del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, renunció a la defensa señalando que estaba afectado por denuncias en contra suya y un presunto allanamiento a su casa.

Coca renunció a la Secretaría de Gobernabilidad de la Alcaldía en abril para defender de manera privada al Alcalde, pero fue impedido de ser abogado de Leyes por haber sido testigo del allanamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano el 12 de abril, cuando la Fiscalía decomisó 14 computadoras de las oficinas de Contratación en busca de pruebas.

SITUACIÓN

Los abogados acompañaron en audiencias programadas para el alcalde Leyes. El 21 de abril, el juez de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia dictó la detención domiciliaria por riesgo de fuga y restricciones como la prohibición de acercarse a la Alcaldía, a funcionarios, arraigo y fianza de 200 mil bolivianos.

La Fiscalía apeló la decisión del juez y pidió cárcel para Leyes. El viernes 4 de mayo, nuevamente se convocó a audiencia y el juez ratificó las restricciones y levantó el riesgo de fuga.

Ese día, a su llegada a la audiencia Leyes saludó con un apretón de manos a todos. Se mostró agotado, agobiado e inquieto. Consumió Coca Cola. A momentos se llevaba las dos manos a la cabeza. Se dictó un cuarto intermedio en sala debido a la afectación.

Tras la conclusión de la audiencia, se fue a casa con resguardo policial.

El jueves, uno de los abogados del equipo jurídico particular, Alberto Trigo explicó que de momento a Leyes le preocupa no volver al trabajo. “Lo que quiere el Alcalde es ir a trabajar y ejercer su derecho. Hay que considerar que el juez ha desvirtuado el riesgo de fuga”.

Los abogados han solicitado al juez que modifique la medida sustitutiva de detención y permita al Alcalde retomar sus labores en la Municipalidad. Esperan noticias para la siguiente semana.

CINCO DELITOS

En el caso mochilas I y II, el Alcalde municipal es procesado por cinco delitos, de acuerdo a la Ley de Lucha Contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, No. 004.

El abogado Alberto Trigo nombra cada uno:

1.- Uso indebido de influencias, con una pena de 3 a 8 años.

Artículo 146. La servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a quinientos días.

2.- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, de 5 a 10 años.

Artículo 150. La servidora o el servidor público que por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para sí o para tercero un beneficio en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviene en razón de su cargo, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años y multa de treinta a quinientos días.

3.- Incumplimiento de deberes que tiene una sanción de 1 a 4 años.

Artículo 154. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.

4.- Contratos lesivos al Estado, sanción de 5 a 10 años.

Artículo 221. La servidora o el servidor público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de uno a cuatro años. El particular que en las mismas condiciones anteriores celebrare contrato perjudicial a la economía nacional, será sancionado con reclusión de tres a ocho años.

5.- Conducta antieconómica que tiene una sanción de tres a 8 años.

Artículo 224. La servidora o el servidor público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años. Si actuare culposamente, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

El abogado Trigo aclara que en la legislación no hay sumatoria de penas.

¿POR QUÉ LEYES? Leyes es procesado por los casos mochilas I y II porque firmó contratos de adjudicación en 2017 y 2018, junto con otras personas como Diego Moreno en 2017 y otros.

Respecto a los otros cinco procesos vigentes, Leyes es procesado en la mayoría de los casos por ser Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). Es decir, asume la responsabilidad de los hechos cometidos, presuntamente, por funcionarios municipales, por ser la primera autoridad municipal.

Trabajo

Lo que más le preocupa a José María Leyes en estos momentos es volver al trabajo. Es su derecho respaldado en la Constitución Política del Estado. No hay riesgo de fuga”.

Alberto Trigo

Fianza

El juez de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia dictó el pago de una fianza de 200 mil bolivianos, monto que busca sea recaudado en una kermés este domingo en la plaza Kyllmann.





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