Cochabamba, martes 17 de julio de 2018

“Soy chef y me condenaron a 10 años por 200 gramos de cocaína”

En espacios pequeños, en el piso y a veces sin comer, así permanecen los internos en las cárceles de Cochabamba. Muchos ven esperanzados beneficiarse con la Ley de Indulto y Amnistía, pero expresan dudas.
Twitter: @becor2002 | BETTY CONDORI ROJAS | 15 abr 2018



Sentada de espalda al sol, entre unas 25 mujeres, está Noemí, de aproximadamente 30 años. Una bolsa plástica transparente deja ver la sopa de maní con macarrones que ingresará al penal de San Antonio, en la avenida Ayacucho, de Cochabamba.

“Adentro están mi hermano y mi cuñado, con más de 10 años de sentencia. Les han acusado de golpear a una vecina”, dice con cierta soltura, agobiada solo por el sol y sin dejar de masticar su chicle.

Los casos de violencia contra la mujer o la familia, pero sobretodo los robos agravados y hechos de tránsito son los delitos que prevalecen en los penales de Cochabamba, seguido, por narcotráfico.

San Antonio no se excluye de esa clasificación, además es uno de los penales más hacinados. “Ya no entra ni un alfiler”, dice el delegado de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox.

Allí están recluidas 551 personas y de ese número, el 80 por ciento , es decir 451 internos, no tiene sentencia, de acuerdo al informe de Régimen Penitenciario.

La infraestructura es vetusta. Los 6 baños para casi 600 internos no alcanzan, así como son insuficientes las 7 duchas.

LAS VISITAS

Para entrar al penal se debe hacer un trámite corto, pero engorroso. Afuera, sobre la acera este de la avenida Ayacucho, casi frente a la Terminal de Buses, hay un toldo que cubre poco a quienes hacen fila para realizar una visita a un interno. Las personas pasan por un cubículo y una mujer policía revisa que no ingresen celulares, cables, audífonos, dinero en grandes cantidades ni algunos utensilios peligrosos.

“A veces nos desvisten todo. Da vergüenza”.

A la revisión policial sigue el registro. La cédula es indispensable. Se abre un portón metálico con rejas. Por dos bolivianos, una persona sentada sobre un taburete y desde un micrófono convoca al interno al que se visitará.

A su lado, otro reo con chaleco fosforescente hace el segundo cobro: 3 bolivianos por la tarjeta plastificada que lleva un número de visitante y que se devuelve al salir.

Los pasillos son angostos, ambientes con reclusos sentados en el piso, en gradas, donde pueden. Allí está uno de los tantos extranjeros detenidos. Quiere contar su historia. Es chef. Llegó a Bolivia hace ocho años, se enamoró y casó con una boliviana. Hubo problemas y se divorciaron. Ella tuvo un accidente grave y le amputaron una pierna. “Busqué prótesis, traté de ayudarla. Caí en una depresión e ingresé al consumo de droga. Viajaba y en el aeropuerto Jorge Wilstermann la Policía detectó 200 gramos de cocaína. Nadie entiende que era para mi consumo”.

Tiene 58 años y aproximadamente 1.80 de estatura. Está en prisión hace un año. Su juicio demoró nueve meses y la justicia le condenó a 10 años de cárcel por tráfico internacional de droga. Al chef italiano ese tiempo le parece una eternidad. Suplicó al fiscal para que no impute una pena tan dura. “Estoy un año y me han dicho que debo permanecer por lo menos dos años y medio para beneficiarme con alguna medida alternativa”.

Dicta clases de gastronomía y cerrajería.

El presidente Evo Morales presentó el decreto del Indulto y Amnistía el 3 de febrero pasado, con el propósito de descongestionar los sobrepoblados 19 penales y 42 carceletas de Bolivia. La expectativa es liberar a 2.735 de los más de 18.000 reclusos. De esa cantidad, la Defensoría del Pueblo considera que saldrá de las cárceles de Cochabamba al menos medio millar. El chef escribe su nombre en un papel, pero prefiere que no se difunda. Se frustra al conocer los requisitos para beneficiarse con el indulto. Entre otras exigencias, solo los delitos menores a 8 años tendrán posibilidad de salir.

“No fueron 200 kilos lo que llevaba, fueron 200 gramos. Creí que se haría justicia, pero esto es demasiado. A un principio me aconsejaron que me someta a un juicio abreviado, pero no me pareció correcto. Ahora me arrepiento, porque me habrían reducido la pena a 8 años y, quién sabe, hubiera calificado para el indulto”.

Cuenta que cuando llegó a Bolivia empezó a trabajar como chef en Uyuni, en Potosí. Después de lo ocurrido, ahora solo quiere regresar a su país, donde tiene un hermano y sus hijas que le esperan. Ser extranjero en la prisión tiene desventajas porque creen que tiene mucho dinero.

Con él, son 11 los extranjeros que están detenidos, 6 de ellos, peruanos.

Un delegado de San Antonio dice que la información aún no les ha llegado oficialmente y que cuando la aprueben conocerán con exactitud las posibilidades de cada uno. Pero el solo anuncio ha despertado esperanzas en quienes cometieron delitos comunes.

“La mayoría está por robos y robos agravados, violaciones, la 1008 y estafas. Hay personas que están detenidas por robo de celulares o un tenis”.

Una gran parte de los internos no tiene celdas y utiliza la iglesia y aulas.



SAN SEBASTIÁN

MUJERES

En el único recinto penitenciario para mujeres están recluidas 248 personas. Rosmery, la delegada del lugar, mantiene la esperanza de que el Indulto beneficie a muchas personas.

Con acento oriental, dice: “Es difícil calcular a cuántas personas beneficiará la norma porque hay que tener en cuenta muchos requisitos, por ejemplo, que sean detención preventiva, que tengan menos de 8 años de pena o hayan cometido delitos menores, por enfermedad, para embarazadas y más. Pero todo siempre y cuando no hayan cometido delitos graves”.

Rosmery tiene un hijo y quiere salir por él. “Yo quiero salir por mi hijo, con el indulto. No tengo sentencia ejecutoriada. Llamo a la abogada, pero no hace nada. Me siento impotente. Me querían dar 10 años en juicio abreviado, pero era como aceptar una culpa que no cometí.

“Acepté una pena por complicidad, por ser bruta confiada, pero han sido injustos conmigo”.

En total son 14 celdas y, en una con 6 catreras duermen 12 personas. La mayoría está detenida por la Ley 1008.

A las 30 “nuevas reclusas” que hay se les otorgó colchones de una plaza o plaza y media.

Las que se benefician con extramuro en las noches permanecen en la capilla, en la sala de reuniones o aulas.

SACABA

La prisión de Sacaba tenía hasta el viernes 13 de abril, 265 internos de los que 233 son varones y 32, mujeres.

Los detenidos preventivos llegan a más de 190 y los sentenciados a 42. Los delitos más comunes son homicidio, violación, asesinato y narcotráfico. También cometen violencia familiar o fueron encerrados por no pagar pensiones a sus cónyuges. “La detención por incumplimiento de pago es de tres meses, y aquí, los mismos reclusos aconsejan cumplir el castigo, para no darle gusto a la parte contraria”, revela una de las personas desde el interior del recinto.

Los mandamientos de aprehensión son muy comunes por violencia intrafamiliar.

“Siendo muy optimistas, 50 personas se beneficiarán con el indulto”.



EL ABRA

El Abra es el penal de mayor seguridad en Cochabamba. Están 783 detenidos. “Es inhumano. En celdas pequeñas entramos hasta 20 personas. No hay muchas mejoras por aquí”, dice Tomás, el delegado.

Hasta hace dos años, la población penitenciaria era de 650 reclusos, hoy se incrementó más de 100”.

Descartan que el beneficio del indulto llegue a El Abra porque cumplen penas mayores a 10 años.

“Seguramente los de San Antonio se beneficiarán, nosotros no”.

SAN PABLO

En el penal de Quillacollo están 462 personas. El número no ha sufrido mayores alteraciones en los últimos cinco años, pero más del 80 por ciento es de detenidos preventivos.

83 por ciento De detenidos preventivos

De los 3.243 reclusos y reclusas de Cochabamba, el 83 por ciento carece de sentencia, es decir está detenido sin que se hayan comprobado los delitos por los que fueron aprehendidos.





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