Cochabamba, martes 20 de agosto de 2019
Asambleísta observa la disposición final de desechos

43 de los 47 botaderos operan en malas condiciones y sin licencia

La mayoría de los municipios desechan sus residuos sólidos cerca de ríos o “a cielo abierto”. Sacaba cuenta con relleno sanitario y Aiquile, Mizque y Tiquipaya “avanzan”.
| | 12 jun 2019 | Ed. Imp.

EL BOTADERO DE SHINAHOTA, A ORILLAS DEL RÍO.


43 de los 47 municipios tienen botaderos en malas condiciones y sin licencia ambiental. Funcionan de manera “ilegal”. Solo tres alcaldías realizaron las adecuaciones para tratar de manera óptima sus residuos sólidos. Se trata de Sacaba, Mizque, Aiquile y Tiquipaya. Freddy Gonzales, asambleísta, informó que la situación en las cinco regiones del departamento es “crítica” y cuestionó el “descontrol”. Socializó los informes que obtuvó de la Secretaría de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación sobre esa problemática.



METROPOLITANA En el Eje Metropolitano hay siete municipios. Son Sipe Sipe, Cochabamba, Vinto, Colcapirhua, Tiquipaya, Sacaba y Quillacollo. En esta región solo Sacaba apuntó al manejo adecuado de la basura y cuenta con licencia ambiental que está en renovación. En tanto, Tiquipaya presentó su manifiesto de cierre y abandono para proyectar un relleno sanitario.

Cochabamba envío el manifiesto ambiental de clausura, cierre técnico y saneamiento ambiental de K`ara K`ara. También lo hizo Vinto. Sipe Sipe mandó el formulario de nivel de categorización de cierre técnico del botadero. Colcapirhua no cuenta con licencia ambiental.



VALLE ALTO Los 15 municipios del Valle Alto no cuentan con licencia ambiental. Se trata de Anzaldo, Arbieto, Capinota, Punata, San Benito, Arani, Sacabamba, Santivañez, Tacachi, Cliza, Tarata, Villa Gualberto Villarroel, Toco, Tolata y Villa Rivero. Solo Arbieto y Tolata iniciaron trámites para el cierre de sus botadores, pero no presentaron el manifiesto ambiental.



TRÓPICO Villa Tunari, Puerto Villarroel, Entre Ríos, Shinahota y Chimoré son los cinco municipios del Trópico. Ninguno tiene licencia ambiental para que sus botaderos operen, pero están ubicados en cercanías a ríos, a excepción de Puerto Villarroel.



CONO SUR Esta región está conformada por 12 municipios. Arani, Vacas, Alalay, Tiraque, Mizque, Aiquile, Vila Vila, Pojo, Omereque, Totora, Pocona y Pasorapa.

Solo Aiquile y Mizque avanzaron en el manejo de residuos sólidos. El primero cuenta con un relleno sanitario y licencia ambiental. El segundo está en trámite, y tiene un estudio técnico de preinversión. Los restantes funcionan sin autorización.



ANDINA La región Andina está compuesta por ocho municipios. Se trata de Bolívar, Arque, Tapacarí, Independencia, Morochata, Tacopaya, Sicaya y Cocapata. Según los informes de la Gobernación ninguno cuenta con licencia ambiental de sus botaderos. Su funcionamiento es ilegal y representa riesgos a la salud.

Datos

Plazos

El jefe de la Unidad de Gestión y Control Ambiental de la Gobernación, Antonio Herboso, informó que realizan inspecciones a los botaderos desde 2017. Añadió que la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos (promulgada en 2015) estable un plazo de cinco años para que los municipios regularicen su situación en cuanto al manejo de residuos sólidos, es decir, los botaderos a “cielo abierto” deberán cerrarse hasta 2020.

El director departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Gobernación, Elmer Ortuño, en una anterior entrevista, indicó que los botaderos que estén cerca de ríos deben “cerrarse de inmediatamente”. Sin embargo, los municipios observados consideran que es un proceso que llevará aún tiempo.



Proyectos

El alcalde de Chimoré, Silveriano Lara, informó que tras una reunión de los cinco municipios de la región del Trópico definieron que una consultora realice los estudios pertinentes para definir en qué espacio y las características para emplazar un proyecto regional para manejo de basura. Cuatro de los cinco municipios tienen sus botaderos en laderas de ríos.



Denuncia

El asambleísta de Demócratas Freddy Gonzales señaló que presentará los informes de la Gobernación a la Contraloría General del Estado (CGE) para que esa instancia sancione a las autoridades que generan contaminación y daño ambiental con el funcionamiento ilegal de botaderos. Dijo que deben determinar responsabilidades administrativas y penales.



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