Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 24 de abril de 2024
  • Actualizado 21:58

EL PROFESIONAL DIJO QUE INTERVENDRÁ EL MINISTERIO DE GOBIERNO

Abogado que construye en Tunari amenaza al Director del Parque

Boris Claros protesta porque la administración del área protegida exige paralizar las obras en la cabaña que está en el abanico aluvial, a menos de 5 metros de la torrentera.
Abogado que construye en Tunari amenaza al Director del Parque



La frase del abogado suena dura: “Le voy a hacer mandar una nota del Ministerio de Gobierno. No quiero llegar a ningún problema, eso va a depender de usted”. 

“¿Es una amenaza?”, pregunta el director del Parque Nacional Tunari, Héctor Bejarano.

“Lo puede tomar como quiera, como amenaza, como charla, como usted quiera”, responde en tono molesto Boris Claros.

Claros buscó por teléfono a Bejarano para reclamarle por la orden emitida de paralización de la construcción de una casa en el exfundo Andrada, en el Parque Nacional Tunari, sobre la Cota 2.750.

La construcción está en un abanico aluvial, a cinco metros de la torrentera Andrada, cuando la norma señala que no puede existir ninguna casa a 50 metros a la redonda. Es decir, la hacienda está en la misma franja de seguridad.

De acuerdo a los reportes de los guardaparques, la construcción empezó en enero de este año y, pese a que se inició un proceso administrativo a los presuntos dueños, y a los reiterados llamados de paralización, la obra continuó.

Hace dos días, la Administración del Parque Tunari volvió a notificar para que se deje de construir, pero ayer la casa estaba casi concluida, amurallada y, dentro de ella, aún trabajaban albañiles, según pudo verificar este periódico.

LA AMENAZA La llamada de Claros a Bejarano sucedió ayer en la mañana. Este diario entrevistaba en su oficina al director del Parque Tunari. El celular timbró dos veces. La autoridad finalmente contestó.

Al otro lado del teléfono estaba una persona que reclamaba por la actuación del director del Parque en la exigencia de paralización de la obra. El tono de la voz era elevado y se escuchaba con claridad lo que decía.

A grandes rasgos, Boris Claros dijo que funcionarios del Parque fueron hasta la construcción y amenazaron con llevar presos a los trabajadores.

Bejarano afirmó que Claros es abogado.

Claros aseguraba que para llevar preso a alguien “se necesita una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía y tener alguna prueba de que se haya cometido algún delito”.

El abogado en su defensa incluso convocó a la Constitución Política del Estado, habló de un acto de discriminación porque en el lugar hay seis viviendas más, cuyos dueños no tienen ninguna notificación del Parque y sus casas ya están terminadas.

Bejarano preguntó: “¿Tiene usted autorización para construir?”.

No. La alcaldía no dio permiso absolutamente a nadie en Andrada. El 90 por ciento de las viviendas de Andrada carece de planos aprobados y es por eso que está saliendo la ley, en enero de 2019, para la regularización de todas las viviendas, respondió el abogado.

Aseguró que no necesita tener autorización ni planos aprobados porque se trata de predio privado. Dijo que presentó títulos de propiedad.

“Presentamos a la abogada del Parque un resumen de quiénes nos han vendido, desde cuándo y quiénes eran los anteriores dueños. Le han vendido a mi socio que es el ingeniero E. G.”.

Agregó que están inscritos y reconocidos en la comunidad (Andrada) y que pagaron “adhesión y por el agua”. “Estamos en las reuniones todos los primeros domingos de mes. Las amenazas que van a hacer los trabajadores del Sernap están fuera de lugar”.

Aseguró que un dirigente del Sindicato Andrada fue la persona que les vendió el predio.

Concluyó señalando: “De una cosa tan sencilla como esta nos podemos hacer un problema enorme. Van a amedrentar a mis trabajadores en mi propiedad privada. Podemos tener grandes problemas”.

Bejarano consultó: “¿Cuáles serían esos problemas?”.

“Podemos tener un proceso penal. Por amenazas, por discriminación y atentado contra la propiedad privada. Y le voy a hacer mandar una nota desde el Ministerio de Gobierno, no sé qué dirá, pero le voy a hacer mandar”.

Finalmente, Claros acordó visitar la oficina de Bejarano a las 15:30 horas, pero no lo hizo.

El Director del Parque Tunari aseguró que así como iniciaron procesos administrativos a Claros, lo hicieron con las seis casas construidas a pasos de la torrentera.

Este medio llamó al celular del abogado para tener su parecer y no respondió.

Una visita al lugar de la construcción de la cabaña de Claros y su socio E.G. permitió demostrar que está en el abanico aluvial (zona de recarga de agua) y a menos de cinco metros de la torrentera. La vegetación fue arrancada.

Cercado

El exfundo Andrada está ubicado en la jurisdicción del municipio de Cochabamba.

Datos

Parque Nacional 

El Parque Nacional Tunari es un área protegida de Cochabamba y considerado el pulmón ecológico.

Está respaldado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

El Parque tiene una extensión de 328.878 hectáreas e involucra a 11 municipios del departamento.

En 481 hectáreas de esta área protegida de Cochabamba, Quillacollo, Tiquipaya y Sacaba, se construyeron más de 4 mil viviendas y existe un número similar de lotes y casas a medio edificar, de acuerdo a un último estudio desarrollado por expertos.

85 urbanizaciones

En la actualidad, la principal reserva ecológica de Cochabamba alberga a 85 urbanizaciones y asentamientos humanos ilegales en los municipios de Cochabamba, Quillacollo. Sacaba y Tiquipaya.

Del total de los asentamientos, 75 están considerados como potenciales sujetos de adecuación ambiental, mientras que 10 tienen serios problemas, principalmente legales, ambientales y sociales, lo que dificultaría su aprobación o legalización.

Estudio

El trabajo que fue realizado por más de un año y medio por 15 profesionales concluyó que en casi 500 hectáreas de terreno hay 4.052 viviendas habitadas por un número similar de familias.

Las alcaldías están llamadas de practicar control y vigilancia de las áreas protegidas, pero incumplen esta labor por desconocimiento de esas normas.