En los meses de agosto y septiembre de 2008, el país vivió días difíciles, con la toma de instituciones, violencia en las calles, bloqueo de caminos y agresiones entre seguidores del oficialismo y la oposición. El Gobierno afirma que se trató de un intento de golpe cívico prefectural, mientras que la oposición insiste en que todo fue una trama urdida para que el MAS se consolide indefinidamente en el poder.

Tras 10 años del denominado golpe cívico prefectural, en el país hubo transformaciones muy importantes en la política y en la forma de organizar las instituciones públicas, afirmó el sociólogo Jorge Komadina.

El analista político señaló que, para empezar, se aprobó la nueva Constitución, en 2009, y un conjunto de leyes que son el soporte normativo del nuevo Estado.

Destacó también que cambiaron los actores políticos en la oposición, “porque ahora ya no son partidarios, sino plataformas o colectivos ciudadanos que no existían en 2008”.

Hace 10 años, en el país había una lucha muy fuerte para definir quién mandaba, y la disputa por la hegemonía no estaba resuelta. Sin embargo, ahora “creo que Evo Morales y el MAS están plenamente consolidados en el Gobierno”.

Komadina señaló que en 2008 los actores políticos tenían posiciones más radicales y lo que buscaban era la confrontación, desconociendo la legitimidad del Gobierno.

Varios de los líderes de la oposición salieron al exilio o están siendo procesados, por lo que ya no se encuentran vigentes. Uno de los pocos que sigue liderando en su región es Rubén Costas, como gobernador de Santa Cruz, porque, a decir de Komadina, “ha moderado su discurso y aceptó las reglas del nuevo orden constitucional”.

“Han perdido las posiciones radicales que buscaban la confrontación”.

El sociólogo afirmó que el alejamiento de los líderes más visibles ha debilitado a la oposición, por lo que considera que fue un gran error haber tomado el camino de la confrontación, “lo que le hizo perder legitimidad y fue el inicio de una gran derrota política que dura hasta ahora”.

CONTRAPUESTOS En 2008 hubo un intento de golpe de estado cívico prefectural contra el Gobierno establecido, que tenía la intención de dividir al país en dos, “situación que hoy en Bolivia está absolutamente fuera de toda realidad”, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

La legisladora agregó que lo que se vivió en 2007 y 2008 en el país ha dejado lecciones muy firmes y claras para la población en general, que en su momento no estuvo dispuesta a respaldar ese intento de división, y ahora tampoco”.

Puntualizó que la violencia que se ejerció en 2008 era profunda y una muestra de racismo, intolerancia y de irrespeto por la institucionalización. “No creo que exista disposición de ningún sector, en este momento, para repetir estos errores cometidos por la oposición”.

En contraposición, el diputado Tomás Monasterios manifestó que en 2008 nunca existió un golpe cívico prefectural, de ningún tipo, sino que solamente se trató de una maniobra del MAS, “un circo que armó para tener los recursos para empezar a perseguir a los opositores”.

“Nosotros, con el tiempo, lo estamos demostrando, con hechos concretos, porque en los últimos 10 años no se ha podido demostrar la culpabilidad de los líderes opositores con sentencias ejecutoriadas. Se trata de procesos políticos que tratan de confundir a la población”.

Al respecto, la diputada Montaño insistió en que si algunos políticos de la oposición que participaron en los movimientos de 2008 han huido del país o están cumpliendo penas de cárcel es porque han cometido delitos y actos de corrupción, no por su actividad política.

La legisladora dejó claro que en el país “existe la más amplia libertad de hacer oposición política, siempre y cuando se cumplan las leyes y se manejen de manera transparente los recursos públicos, que son de los bolivianos”.

A su turno, Monasterios afirmó que como oposición hacen una resistencia pacífica, porque entienden que su mejor “arma” es el voto de los ciudadanos, con el cual “vamos a sacar al dictador que hoy abusa del poder y utiliza los recursos del pueblo y se burla de la voluntad popular”.

Con el denominado golpe cívico prefectural, lo que buscaba el Gobierno, a decir de Monasterios, era victimizarse y debilitar a la oposición, “sacando de carrera a sus líderes”.

Monasterios advirtió que después de 2008, el Gobierno consolidó su régimen y ha tomado la justicia paupérrima, para enjuiciar y encarcelar a los políticos de la oposición, que son inocentes.

“El MAS utilizó la excusa de un golpe cívico prefectural para hacer lo que le da la gana, pero su tiempo ya llegó y el 21 de febrero fue el inicio del fin de este partido”.

Respecto a las plataformas que se movilizan por el 21F, la diputada Montaño aseveró que algunos políticos, que encabezan en forma camuflada este movimiento, fueron actores que instigaron a la violencia en 2008, “pero no creo que las condiciones en la actualidad sean, para nada, las mismas que en 2008”.

Similar criterio comparte el sociólogo Komadina, quien afirmó que las protestas por el respeto a los resultados del 21F difícilmente se comparan a lo que sucedió hace 10 años, porque son situaciones “claramente diferentes”.

Intriga

La oposición afirma que en 2008 el Gobierno buscó victimizarse para conseguir una excusa con el fin de perseguir a sus líderes.

10 Años

Ha transcurrido una década desde el denominado golpe cívico prefectural, que en septiembre de 2008 se saldó con la toma de instituciones, bloqueos y agresiones entre gente de la oposición y del oficialismo en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

El partido gobernante logró consolidar su hegemonía

Ludwig Valverde

Colegio Politólogos La Paz

Tras el denominado golpe cívico prefectural de 2008, creo que el escenario del campo político allanó el camino para la presencia hegemonista del proyecto del MAS-IPSP, en detrimento de un sistema político que fomente y profundice un sistema con pluralidad de opciones.

En los últimos 10 años se ha configurado un centro hegemonista y excluyente; se han desplazado sectores que ahora construyen periferia, nuevas marginalidades y que resisten ser incorporados al proyecto hegemonista. Sin embargo, este “nuevo” centro, en el fondo, reproduce formas de cultura política que criticó en sus inicios. Corrupción, prebendalismo, clientelismo, patrimonialismo, exclusión, etc., son parte de las acciones de su afianzamiento. El proyecto produjo marginalidades que se manifiestan como opción crítica a los existentes problemas de calidad de gestión, a afrentas contra la democracia y la seguridad que debe garantizar el Estado de derecho.

En cuanto a las protestas por el 21F, cada proceso histórico tiene sus propias características. Hace 10 años se buscaba la inclusión de sectores marginados como deuda histórica del Estado, así como la efectividad del ejercicio de ciudadanía de estos sectores. El 21F es la expresión de ciudadanía que considera que principios democráticos como el respeto de las mayorías, expuestos en institutos democráticos como el referendo, son vulnerados por el grupo dominante que conduce el Gobierno. Existe ahora una tensión que puede tener un desenlace insospechado, que ojalá no desemboque en conflictos ni violencias del Gobierno, conductor del Estado hacia la sociedad civil organizada. Ambos son procesos diferentes, tienen sus propias características; sin embargo, a ambos los une la demanda de inclusión, uno centrado en la inclusión indígena y otro en la inclusión de la decisión mayoritaria de procesos democráticos.