Janeth Álvarez, la fiscal institucionalizada más antigua del Ministerio Público en Cochabamba, decidió renunciar a su cargo hace unos días, luego de que ordenaran su traslado a Ivirgarzama, pese a los 30 años de servicio en esta institución.

OPINIÓN llamó a Álvarez para consultarle los motivos de su renuncia, pero ella no quiso referirse a los mismos. “Yo quisiera abstenerme. Cuando una trabaja en una institución desarrolla afecto por ella. Le he dedicado una gran parte de mi vida a la Fiscalía y por ella me abstengo”, respondió. Álvarez tomó una vacación que le debían, pero al concluir su descanso, ya no volverá a la que fue su segunda casa durante 30 años, porque presentó su renuncia y la aceptaron. El 12 de abril de 2018, un diputado y un senador presentaron un audio en el que se oye al fiscal departamental Óscar Vera presionando a tres fiscales que investigaron el caso del puente caído, para que sigan presentando ampliaciones de imputaciones en lugar de la acusación formal contra los responsables de este daño millonario a Cochabamba, pese a que la jueza ya había conminado a acusar y los plazos se habían vencido. Óscar Vera admitió que era su voz. El fiscal general Ramiro Guerrero anunció que lo procesaría en la vía administrativa, pero, a diferencia de lo que hizo con otros fiscales, a Vera no lo denunció penalmente. Sin embargo, el diputado y el senador hicieron la denuncia penal y una fiscal subalterna la rechazó. Ante la objeción presentada, la fiscal Janeth Álvarez revisó la denuncia y confirmó que estaba fundamentada.

Casi de inmediato, le llegó una instrucción de trasladarse a Ivirgarzama. Consultado sobre los motivos, Óscar Vera dijo que se la cambió por “razones de mejor servicio”, pero se negó a explicar cuáles eran esas razones. Si bien el Fiscal General del Estado y los fiscales departamentales tienen la atribución de cambiar a los fiscales de materia de manera temporal, existen sentencias constitucionales como la 1579/2007-R del 11 de octubre de 2007 establece que: “La doctrina en materia laboral, conviene en que el empleador tiene la facultad de cambiar el lugar de trabajo del empleado; es decir, puede trasladarlo a otro asiento laboral; sin embargo, esa facultad no es absoluta ni mucho menos se puede utilizar de forma caprichosa y, bajo ningún concepto, mucho menos como forma de sanción o como un mecanismo de amedrentamiento, que en su contexto afectaría el principio de independencia de los fiscales de materia”.

Además, las razones del traslado deben ser bien fundamentadas, lo que en este caso no habría ocurrido según fuentes ligadas a la Fiscalía, en la que existe malestar por la salida de Álvarez.