El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) evidenció “la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes” en contra del médico Jhiery Fernández, por parte del Estado, al no respetar su presunción de inocencia y condenarlo a 20 años de prisión en un juicio oral en el que “no se respetaron las exigencias de un debido proceso”.

“El ITEI corroboró que no hubo una investigación previa seria a su detención y que, tras la detención, tampoco se encontró ninguna prueba fehaciente. Un caso tan mediático, que da cuenta de un crimen verdaderamente atroz, exigía un culpable. Es por eso que se deberían haber tomado todos los recaudos necesarios con tal de encontrar a la verdadera persona responsable, comenzando por una debida investigación científica”, se lee en el documento difundido por la institución.

En vez de eso, agrega, "se decidió condenar al doctor Jhiery Fernández a 20 años de cárcel, después de un juicio que no respetó las exigencias de un debido proceso. Es por ello que, en este proceso, se encuentra la máxima expresión de un sistema judicial ineficiente y hasta cínico en su proceder. A todas luces, el daño humano causado en este caso es imposible de justificar", apunta.

Al omitir la presunción de inocencia, afirma el ITEI, se da lugar a una "alarmante cadena de incumplimientos y de una flagrante vulneración de los derechos humanos". En el caso de este médico: presunción de culpabilidad; detención preventiva y exposición al linchamiento carcelario; condiciones carcelarias precarias; uso indebido de la investigación forense; tentativas de forzar una confesión de culpabilidad; incumplimiento del debido proceso; estigmatización en los medios de comunicación y ante la sociedad; además de retardación de justicia”.

Esta cadena de malos tratos a Fernández, se califica en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura que Bolivia ha firmado y ratificado en 1998, como "tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes", remarca el ITEI.

"Este tipo de accionar del Estado puede dejar secuelas psicosociales y físicas graves en el ser humano. Con la agravante de querer condenarlo a 20 años de privación de libertad, los malos tratos ya sufridos se transforman en un acto de tortura tendiente a destrozar una persona definitivamente", subraya.

Para restaurar la justicia, al menos en este caso, el ITEI considera que se debería liberar a Jhiery Fernández; proceder a una investigación debida del caso Alexander con el juicio correspondiente, realizar una auditoría a todo el proceso judicial, enjuiciar a los responsables de los "tratos crueles, inhumanos y degradantes" y de tortura en contra del galeno, y que el Estado boliviano asuma la reparación debida al médico.

El asesor jurídico del Colegio Médico de Bolivia, Sergio Pérez, anunció que en coordinación con la defensa del médico Jhiery Fernández exigirá una auditoría jurídica del caso, para demostrar que se cometió una injusticia contra el galeno. “Esta auditoría tendría que ser propiciada por las mismas autoridades, por el Ministro de Justicia", señaló Pérez.