Formularios incongruentes, observaciones de forma, monto de regalías, competencias para la fiscalización, aspectos que facilitan el comercio ilegal, fomento a la creación de cooperativas, indefensión del sector privado minero y trabas a la industrialización y exportación de minerales, resultantes de defectos normativos en materia documental y de procedimientos de trabajo, fueron expuestos hoy por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), que gestionó la presencia de autoridades del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM), del Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN) y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en una mesa técnica para abordar las preocupaciones de las Cámaras de Industria, Exportadores y Minería de Cochabamba.
El presidente de la FEPC, Javier Bellott, explicó que “se han hecho sugerencias y recomendaciones para mostrar a las autoridades que lo que se necesita es facilitar el trabajo del sector minero, porque se han identificado defectos (normativos) que afectan al sector industrial, al sector exportador y esencialmente al sector minero como tal”.
En esa perspectiva, dijo, lo que se espera es trabajar en una línea de acción para ir corrigiendo normas en base a los elementos técnicos presentados.
El primer tema abordado por la asesora legal de la Cámara Departamental de Minería (CADEMIN), Margarita Montán, fue la incongruencia normativa en lo referente a la minería metálica y no metálica, pues los planes de trabajo se abordan bajo la visión de la minería metálica sin tomar en cuenta que el “fuerte” de Cochabamba es más bien la minería no metálica. También cuestionó que los planes de trabajo sean rechazados por cuestiones de forma, truncando así la actividad minera.
Al respecto, el representante del SERGEOMIN, Franklin Pérez, señaló que tiene la instrucción del director del área de subsanar los errores en los formularios e inclusive de contactarse vía telefónica con los solicitantes. Bajo esa directriz, se comprometió a trabajar en la estandarización de documentos y criterios de calificación para agilizar los procesos

En cuanto a la fiscalización del pago de regalías mineras, Montán hizo notar que los reportes se envían al SENARECOM, por ser la institución fiscalizadora, pero perciben que la Secretaría de Minería (dependiente de la Gobernación) pretende tener mayor tuición.
Otro tema de preocupación es el formulario 101, utilizado para el control de la comercialización de minerales, que es extendido discrecionalmente, a criterio del sector, fomentando la comercialización ilegal pues incluso los avasalladores tienen acceso a este documento.  
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Exportadores, Gonzalo Molina, hizo notar una importante traba a su sector y es que el valor de la regalía se está volviendo mayor al costo del producto bruto y la norma actual no permite a la industria dar valor agregado al producto y frena la exportación, por lo que planteó que se elimine la factura de exportación y que el valor de la regalía  sea sobre el valor del mineral en boca de mina.
Al respecto, el director del SENARECOM, Jhonny Maldonado, enfatizó en que el registro y comercialización, tanto interna como externa, de minerales es tuición del nivel central de Gobierno; sin embargo, a través de convenios intergubernativos, las gobernaciones pueden asumir ciertos roles. En cuanto a las observaciones a la normativa, resaltó que no es tuición del SENARECOM pero se comprometió a informar al ministro del ramo las preocupaciones de los empresarios privados.
Por la tarde, la reunión continuó con la AJAM con la presencia de su director ejecutivo, Erick Ariñez, sobre temas relacionados con documentos que se exigen y que, según el empresariado, no corresponden. Uno de los aspectos centrales que se analizó fueron los