Quién puede dudarlo, desde la creación de nuestro país la administración de justicia ha sido una de nuestras más grandes falencias, la que solo se ha ido agravando a lo largo de los años. Un intento de salida a esta crisis ha sido la elección de autoridades por voto popular, iniciativa que ha fracasado, tal como lo han reconocido sus mismos gestores del oficialismo, quienes, sin embargo, han persistido en esta vía convocando a un segundo proceso.

Frente al mismo, el Gobierno ha pedido a la población fijarse en la calidad y en las altas calificaciones que obtuvieron la mayoría de los postulantes, incluso por parte de legisladores de la oposición. Esta última ha llamado a anular los votos, arguyendo afinidades de los candidatos con el Ejecutivo y convirtiendo los comicios en una suerte de plebiscito para que sus simpatizantes expresen no tanto su descontento con estos en sí, como con las políticas gubernamentales. De ese modo, una vez más la polarización desvirtúa los fines principales de una votación.

Uno de nuestros columnistas, el abogado Ricardo Arellano, expresaba el domingo una crítica cáustica contra la administración de justicia y el oficialismo, y se preguntaba: “¿Se puede todavía sostener, sin que asome siquiera una patina de vergüenza y de rubor en el rostro, que la justicia en el país está en vías de mejorar y de regenerarse bajo el cenit de un radiante y depurado sistema de elección popular de magistrados? ¿Es posible blindarse de tanto cinismo e impudor, como para escaldar a las masas que se inclinan por el voto nulo, acusándolas de que se oponen por oponerse, de que critican por criticar sin plantear ninguna propuesta, de que no quieren que la justicia cambie?”.

Hizo además una constatación: “Hay entonces un hecho irrefutable: el encabritamiento generalizado de la sociedad civil, a la luz de los resultados desastrosos del pasado proceso eleccionario del 2011”. Pero, por otro lado, se interrogaba por los motivos para no votar nulo. “La respuesta es bastante simple, nace de una mirada limpia, desprejuiciada, de la realidad. Ahora, a diferencia de hace seis años, la Asamblea Legislativa —por muy cooptada que esté por el Gobierno— seleccionó como candidatos, con algunas excepciones, a los mejores postulantes, a los mejores puntuados, respetando la prelación meritocrática (…). Queríamos a los mejores, elijamos pues a los mejores, ahora que sí se puede”.

Este es un criterio que compartimos, pero al que se nos hace lamentablemente difícil vislumbrarle un futuro por nuestra inmadurez democrática, la que no atañe solo a los políticos de uno y otro bando, sino a todos los que podemos ejercer el derecho al sufragio. En ese marco, nos preguntamos, ahora nosotros, si la ciudadanía no tendría que tener la capacidad de, ejerciendo además su responsabilidad, verificar por sus propios medios si efectivamente el proceso de calificación ha sido o no bueno; si efectivamente hay profesionales con méritos reales que merecen ser autoridades.

La desesperanzadora respuesta es negativa, y con ello, de seguro, ya se verán circular papelitos con los nombres de candidatos del oficialismo para buscar el respaldo de sus simpatizantes, sin que medie otra reflexión que el cuidar la pega o el poder. Así nada habrá cambiado. Y, en el marco de esa misma lógica de la consigna, ya se ven en nuestra ciudad propagandas opositoras que tratan de vincular la elección judicial con el referendo para la repostulación del presidente Evo Morales. De ese modo, al día siguiente de las elecciones nada se habrá transformado tampoco. Seguiremos padeciendo las consecuencias de un mal sistema y malos operadores.

¿Será mucho pedirle al votante deshacerse de consignas que reducen todo a blanco y negro, y que llevan a favor de intereses mezquinos transformaciones que podrían ser positivas? ¿Será mucho pedirle ejercer la responsabilidad de informarse antes de tomar una decisión? La respuesta la sabremos la noche del 3 de diciembre.