El jefe de Unidad Nacional (UN), el opositor Samuel Doria Medina, denunció ayer que sufre "persecución política" ante parlamentarios que investigan supuestas ilegalidades cuando hace 25 años siendo ministro privatizó 28 empresas públicas.

Doria Medina se presentó ayer ante la Comisión Especial de Capitalización y Privatización del Legislativo, organizada a instancias del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), y negó las irregularidades y acusó al oficialismo de la "persecución". "La gente del MAS en el parlamento, como la gente del MAS en el sistema de Justicia son parte de una estrategia montada en el Palacio de Gobierno para hacer persecución política en mi contra y en contra de miles de bolivianos que pensamos de modo distinto", dijo Doria Medina durante su comparecencia ante los legisladores. La investigación corresponde al período 1991-1993 cuando era ministro de Planeamiento del presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). El tres veces candidato presidencial insistió ante los medios en que el objetivo de esa comisión es procesarlo para evitar que siga haciendo política.

También afirmó que está dispuesto a dejar la política si los oficialistas demuestran que han sido capaces de crear más empleo o de pagar más impuestos que él con sus actividades económicas.

El presidente de la Comisión, el oficialista Javier Zavaleta, increpó a Doria Medina por no responder al cuestionario planteado para la investigación y sostuvo que cuando fue ministro de Planeamiento enajenó un total de 28 empresas estatales.

SIN DOCUMENTOS Según Zavaleta, la comisión mantiene muchos cuestionamientos sobre la actuación de Doria Medina porque hoy no presentó ningún documento para aclarar las sindicaciones de irregularidades.

Asimismo, acusó a Doria Medina de haber usado información que tenía como ministro para beneficiar a una familiar con la privatización de una cementera, que luego él llegó a adquirir.

El jefe de Unidad Nacional (UN), una fuerza minoritaria en el Congreso, defendió que una ley de 1992 ordenó la privatización de las empresas estatales que estaban quebradas o tenían denuncias de corrupción, pero que cuando era ministro no se tocaron empresas estratégicas en los sectores petrolero, eléctrico o minero.

Insistió en que el MAS quiere que se vaya de Bolivia para que calle su lucha "contra la reelección del caudillo", en alusión a la insistencia del presidente Evo Morales en ser habilitado como candidato para los comicios del 2019 para buscar un cuarto mandato.

Reivindicó su rol como empresario, fomentando la creación de empleos y pagando impuestos, y pidió que esa comisión también investigue cómo el gobierno de Morales se ha gastado "200.000 millones de dólares en la última década", parte en empresas públicas que tienen observaciones sobre su desempeño. ˚