La demanda de inaplicabilidad de la CPE presentada por legisladores del MAS es absurda, y solo se puede explicar a partir del sicariato legal. Absurda porque es como pedir declarar Anticristo a Cristo. La tarea del TCP es preservar y cuidar la CPE, en ningún caso cambiarla o declararla inconstitucional. Las constituciones dan derechos y también obligaciones, dan libertades, pero también las limitan. Caso contrario, la barbarie se impone, la ley del más fuerte. El pedido está fuera lugar. Argumentan que el Art. 168 de la CPE y artículos de la Ley Electoral atentan contra los derechos humanos del Presidente. ¿En qué parte del mundo es un derecho humano eternizarse en el poder? Si el actual Presidente ya no quiere volver a su chaco, ¿por qué no se postula como diputado o senador? Así se evita volver a los rigores de la vida humilde.

Para tratar de comprender, no nos queda más que recurrir a figuras de la mafia. De esta perversa práctica criminal sacamos la figura de los sicarios. Las mafias, dentro su complejo sistema criminal, cuentan con sicarios. Un sicario es una persona que se dedica a cometer asesinatos a cambio de dinero. En el caso que nos ocupa, los legisladores buscan asesinar a la CPE por encargo. ¿A cambio de qué? Cuando actúa un sicario como ejecutor, hay además un ideólogo del crimen que quiere permanecer oculto y ajeno a la materialidad del hecho. Los actuales legisladores sicarios hacen esta acción por encargo de alguien porque, si estarían en sus cabales, jamás lo harían.

La acción sicaria ante el TCP busca: 1. Dividir a la oposición, y muy rápidamente lo lograron en el sexteto que se volvió quinteto, pues uno de sus miembros, alegando un análisis más profundo, no firmó el comunicado que condenaba el sicariato legal interpuesto por el partido de Gobierno. 2. Sentar las bases para que la resistencia a las elecciones del 3D no cuenten con el apoyo de líderes políticos y que los actos de protesta (como el que se está organizando para el 10 de octubre) y el control electoral después del voto no se concretice, evitando la comprobación fáctica de la rotunda victoria del nulo. 3. De cara al posible fallo del TCP, se abren las siguientes posibilidades: a) Que el TCP no admita la demanda, lo cual sería actuar en estricto apego a la CPE y el orden jurídico, devolviendo a los ciudadanos la seguridad de que su voto del 21F se respeta. Pero esto es pedir peras al olmo. b) Que el TCP se atreva a declarar procedente el pedido de los sicarios legales, lo cual abriría las puertas para que en Bolivia se instaure, sin mascarada, el totalitarismo (…).