La labor de la Policía Nacional es de las más delicadas. La institución debe garantizar el orden y el respeto de las leyes, al tiempo de luchar contra la delincuencia. Y, en el cumplimiento de tales acciones, debería ser siempre ejemplar en cuanto al respeto de los derechos básicos de todos los ciudadanos, incluyendo los de quienes infringen las normas.

El pasado julio, los agentes efectuaron una tarea relativamente exitosa al frustrar el atraco a la joyería cruceña EuroChronos y evitar un mayor derramamiento de sangre al que estaba dispuesta la banda criminal que protagonizó el hecho. Sin embargo, videos y testimonios posteriores pusieron en tela de juicio el cuidado que los efectivos tuvieron para salvaguardar la vida de los empleados del negocio y aun las de los propios delincuentes.

Más recientemente, el fin de semana la institución desbloqueó la carretera que une a La Paz con Copacabana, cerrada por comunarios de Achacachi durante 28 días. El Gobierno informó que el operativo dejó el saldo de un policía herido de bala y la detención de casi medio centenar de manifestantes, entre ellos algunos acusados de portar armas de fuego y explosivos.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo que la Policía permanecerá en el lugar para evitar potenciales actos de violencia en las zonas aledañas al municipio de Achacachi. "No se ha hecho uso de la violencia pese a la violencia y agresividad de los bloqueadores. Recordemos que un policía ha sido herido con un arma de fuego y eso ha confirmado la denuncia que hicimos antes, que se estaba portando ilegalmente armas". Justificó la acción de los efectivos ya que "era una situación de mucho riesgo, de gravedad, porque se habían tensionado mucho las cosas entre la población urbana y rural" de Achacachi por el secuestro de un dirigente contrario a la movilización.

A contracorriente de lo dicho por el Ministro, en las últimas horas la Policía fue cuestionada, informó EFE, al difundirse el video de una persecución del fin de semana en el que agentes en motocicletas disparan una granada de gas lacrimógeno que rompe los cristales y afectó a los pasajeros de un minibús. Las mujeres que viajaban gritan desesperadas por el gas dentro del vehículo, obligándolo a detenerse. El Gobierno justificó la acción argumentando que el vehículo "fue utilizado en el bloqueo y que estaba transportando armas de fuego". Circularon asimismo otros audiovisuales caseros de procedencia no identificada en los que se ve a agentes agrediendo desmedidamente a hombres y mujeres que bloqueaban, al igual que a mujeres que participaban en una vigilia que en la ciudad de La Paz pedía la liberación de los detenidos.

Recordemos que los manifestantes de Achacachi se movilizan para pedir la destitución de su Alcalde, el oficialista Edgar Ramos, por supuesta corrupción, y la excarcelación de dirigentes vecinales que se encuentran recluidos por encabezar protestas anteriores. Ahora bien, la demanda de los pobladores puede ser legítima. No obstante, existen los canales institucionales para su consecución, mediante procesos judiciales o incluso, en el mediano plazo, acudiendo al constitucionalmente establecido referendo revocatorio. De ahí que las ya largas protestas en Achacachi conllevan un interés político que excede claramente la legitimidad de los pedidos que, expresados en bloqueos, atentan contra el derecho al libre tránsito de los demás ciudadanos.

Lo anterior, sin embargo, no justifica de modo alguno acciones policiales que violen los derechos de las personas y que podrían, por el contrario, agravar el clima violento, con los consiguientes saldos trágicos en uno y otro bando. Y eso lo debería saber más que ninguno un Ejecutivo que en buena medida se gestó políticamente tras el brutal uso de la fuerza por parte de los llamados “gobiernos neoliberales”.