Los policías que permitieron y acompañaron la salida ilegal de un recluso imputado por el delito de feminicidio el fin de semana enfrentarán dos procesos, uno penal ante la justicia ordinaria y otro interno, ante la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi), según anunció ayer el comandante de la institución, coronel Ronald Sánchez.

En la vía penal, el Comando de la Policía tiene la obligación de convertirse en denunciante de los efectivos ante la Fiscalía. De momento, el delito por el que se los indagará es el de incumplimiento de deberes, pues existen procedimientos y requisitos indispensables para que un recluso salga de un recinto penitenciario de manera extraordinaria. Sánchez recordó que solamente con la orden de un juez de Ejejecución Penal, se viabiliza cualquier salida. En este caso, Roger P.O. el sindicado del feminicidio de Sandra Sáenz Herbas, no contaba con el permiso para salir. En la vía disciplinaria, los efectivos también serán convocados por la Didipi y podrían ser sancionados drásticamente.

La familia de Sandra Sáenz denunció que Roger P.O. visitaba la noche del sábado a sus padres en el barrio Irlandés, acompañado de sus custodios y de chofer de un vehículo de Régimen Penitenciario. Sin embargo, no solo estas tres personas darán cuentas de lo sucedido, sino también el cabo de llaves, el jefe de seguridad y el gobernador del penal.

OPINIÓN denunció en enero de este año que El Calulas, un delincuente con beneficio de extramuro, faltó en al menos siete oportunidades a El Abra pero el gobernador no dio parte al juez y tampoco quiso mostrar el libro de control de salidas de los reclusos, pese a que este medio contaba con la autorización de Régimen Penitenciario para verlo.