El incendio de la reserva de Sama arrebató la vida de tres personas, consumió aproximadamente 11.000 hectáreas de bosques y ocasionó tal pérdida de vida silvestre que la zona afectada requerirá al menos 10 años para recuperarse.

Entre los primeros efectos que se sufren están la contaminación del aire y fuentes de agua por la ceniza, la muerte de animales por la pérdida de forraje y pastizales y finalmente la disminución de zonas de cultivo afectadas por el incendio que tendrá un impacto a mediano plazo en las frágiles economías familiares de la región.

La reacción de las autoridades nacionales fue tardía y se evidenció una vez más que nuestras instituciones no están preparadas para atender este tipo de emergencias. Sin embargo, el incendio despertó la conciencia y solidaridad general que se materializó en la movilización de bomberos y voluntarios desde todo el país logrando sofocar el incendio en cinco días.

Mientras nuestros ojos estaban puestos en Tarija, como todos los años en época seca se registraron cientos de focos de calor e incendios en Bolivia principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni, ocasionados por las altas temperaturas y la deforestación para habilitar tierras agrícolas. Según estimaciones de la fundación Solón, sobre la base de informes oficiales, cada dos minutos se deforesta un equivalente a una cancha de fútbol de 7.140 m2.

Lo irónico es que mientras esto sucedía en Tarija, en la Sede de Gobierno se discutía la aprobación de la ley que a nombre de progreso y desarrollo de los pueblos indígenas levantaba la intangibilidad del Tipnis -un territorio de 10.920 Km2, equivalente a más de 1.200.000 hectáreas- para viabilizar el proyecto carretero que el Gobierno está empecinado en ejecutar y que se vio frenado por la VIII marcha indígena el 2011.

La construcción de la carretera a través del corazón del Tipnis supone la tala de 500.000 árboles y ocasionará entre otros daños la pérdida progresiva de la superficie forestal de la zona.

En este triste contexto se anuncia y casi se celebra la detención de una señora de 50 años de la comunidad de Erquiz Ceibal como supuesta responsable del incendio. Como siempre, el Gobierno no asume su responsabilidad y la cuerda se rompe por la parte más delgada.