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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 18:56

Empresarios piden suspender tratamiento de Código Penal

Empresarios piden suspender tratamiento de Código Penal


Los empresarios de Cochabamba pidieron ayer la suspensión del tratamiento de las modificaciones al Código del Sistema Penal Boliviano, que se vienen realizando en la Cámara de Diputados, porque consideran que algunos artículos incorporados ponen en riesgo sus personerías jurídicas. Además, demandaron el análisis del documento con la participación de las instituciones representativas del sector privado.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, dijo que entre las modificaciones se contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas y de empresas mixtas, lo cual es considerado atentatorio para la actividad privada nacional y demanda “de manera urgente” un análisis con participación del sector, previa su promulgación.

La principal observación es al capítulo VI, referido a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir de las entidades privadas y de aquellas que constituyen empresas mixtas, independientemente de su organización o formas jurídicas. Como no se tiene establecida la definición de “persona jurídica” penalmente sancionable, se concluye que se refiere a cualquier empresa comercial, productiva, instituciones sin fines de lucro y agrupaciones políticas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Amilkar Rocha, señaló que hay la intención del Gobierno de “matar a la gallina de los huevos de oro”. Se refirió a que la propuesta contempla sanciones económicas, la confiscación y la pérdida de la personería jurídica de manera definitiva.

Lamentó que la intencionalidad de los legisladores sea de asfixiar y acosar al aparato productivo formal ya que la propuesta de modificación a la ley castiga penalmente a las instituciones y empresas legalmente constituidas, y no así, a las informales que realizan sus actividades de manera ilegal al margen de las normativas vigentes, “hecho que contradice todo criterio de fomento a la formalidad”.

Alertó que el efecto de la promulgación del mencionado Código sería catastrófico, considerando que, para no ser alcanzados por las sanciones de este tipo penal, las empresas legalmente constituidas se verían obligadas a migrar a la informalidad o procederían a la liquidación de sus empresas.

“En consecuencia, la promulgación del proyecto de ley tendrá resultados contrarios en la formalización de empresas, procediendo a incrementar el cierre de las mismas”, señaló.

Advirtió que con la pérdida de personería jurídica, se le aplica una muerte civil a la persona jurídica pues el impedir que continúe ejerciendo sus actividades “de por vida es darle una pena de muerte a las personas jurídicas legalmente establecidas”.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda reiteró que las sanciones no están dirigidas al sector empresarial.