Ladrilleras queman en medio de edificios y alternativa no llega
Llegar a las ladrillerías de la zona sur de la ciudad toma entre 20 minutos y media hora. Las industrias están instaladas en lo que ahora son tres Organizaciones Territoriales de Base (OTB) de un área catalogada como urbana.
Llama la atención la construcción de modernos edificios de varios pisos en medio de los hornos semiartesanales. Las 75 industrias están desplazadas en las OTB Cerro Blanco, San Joaquín y Villa Eduardo López, más conocida como Champarrancho, que según ordenanzas municipales de hace 20 años, son urbanas.
Allí viven cerca de 4.500 pobladores en un ambiente donde la contaminación supera los límites permitidos. Se registra 155 microgramos de material particulado por metro cúbico, cuando lo máximo aceptado es 150.
En el lugar se ve el humo de las industrias y se siente un olor particular que, según los vecinos, es el aserrín que colocan a la arcilla.
Los dirigentes admiten que ya no se trata de un área agrícola debido al crecimiento del lugar, pero insisten en que los primeros hornos fueron instalados hace más de 50 años cuando el sector estaba despoblado. A la zona ha llegado el pavimento rígido, varias líneas de transporte y negocios comerciales.
Las condiciones han cambiado, si bien décadas atrás abundaba la materia prima, la arcilla, ahora es comprada por volquetas que llegan de otros sectores o municipios.
La principal observación al funcionamiento de los artesanos es la contaminación. Cochabamba es la ciudad más polusionada del país y el sector ladrillero ocupa el segundo lugar después del transporte vehicular en los índices de la contaminación, el 8 por ciento .
Los vecinos se han dado un plazo de cinco meses de tolerancia para que los ladrilleros desalojen el lugar. El presidente de la OTB San Joaquín Mario Céspedes informa que se ha logrado un acuerdo con los industriales de su jurisdicción, que son cerca de 25, para que dejen el lugar. Asegura que “es insoportable” la contaminación. El proceso de fabricación tiene una duración promedio de cuatro días y los últimos son cuando más se siente.
Insiste en que la zona ya está poblada y dice que muchos ladrilleros ya buscaron alternativas en otros municipios.
RECHAZO El dirigente Jaime Laime dice enfáticamente que no aceptan el desalojo de la zona.
El sector demanda el cambio de uso de suelo de la zona que les permita mejorar la tecnología de los hornos. Están dispuestos a invertir un promedio de 8 mil dólares en la instalación de hornos más modernos que funcionan a gas natural. “Siempre y cuando tengamos la garantía de tener la autorización municipal”.
Quieren que se considere al sector como una zona mixta que contemple el crecimiento urbano y también productivo.
Asegura que nunca asumieron resistencia a mejoras o a cualquier tipo de innovación industrial. Recordó que junto a la Agencia de Cooperación Suiza Swisscontac trabajaron en la implementación de un horno piloto, pero fracasó. Cuenta que el emprendimiento funcionó, pero la calidad del ladrillo producido era mala.
ALCALDÍA El secretario de Asuntos Jurídicos y Administrativos de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, asegura que no existe un lugar alternativo para trasladar a las industrias, en la jurisdicción de Cochabamba.
Informa que mientras operen las industrias es indispensable que cumplan con tres requisitos indispensables: que haya un solo horno por familia, que cuenten con mediciones de medio ambiente actuales emitidas por la Unidad de Calidad de Aire y que cuenten con un sistema de instalación de gas natural. Si no cumplen con los requisitos, sus operaciones serán suspendidas.
La emisión de los gases de las hornos llega a 6.000 miligramos de monóxido de carbono por metro cúbico y lo establecido en el Reglamento Ambiental para el Sector Manufacturero (RASIM) es 100.
Coca recuerda que el problema se arrastra por décadas. En 1999 la zona fue declarada como residencial mediante la Ordenanza Municipal 2364 y en ese entonces, los artesanos fueron informados de su traslado.
Posteriormente, en 2002 se aprueba el plan de Champarrancho y el cambio de uso de suelo. Cinco años después, se ratifica la determinación de la salida de los ladrilleros.
Si bien el RASIM establece que los gobiernos municipales y departamentales habiliten zonas para su funcionamiento, nunca fueron previstas.