La Justicia brasileña informó ayer que bloqueó cuatro cuentas bancarias pertenecientes al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero.

El bloqueo ya ha sido acatado por el Banco Central y afecta a cuatro cuentas en las que, en total, estaban depositados 606.727 reales (unos 192.002 dólares), según indicó a EFE la propia entidad. La decisión que impide a Lula hacer uso de esos fondos fue tomada por el juez federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, en las que fue incluido el expresidente, condenado por corrupción y lavado de dinero a nueve años y seis meses de cárcel.

Moro evaluó en 13.7 millones de reales (unos 4.3 millones de dólares) el monto de los bienes que deben ser bloqueados para "garantizar la reparación del daño", por lo cual ordenó el embargo de tres apartamentos, un terreno y dos automóviles del exmandatario, señaló el diario El Telégrafo.

Según el tribunal, la intención de ese bloqueo es "garantizar" recursos para eventuales sanciones pecuniarias que serían aplicadas a Lula en caso de que la sentencia sea confirmada por un tribunal superior.

Esa causa, una de las cinco abiertas contra Lula en la justicia penal, se fundamenta en la supuesta entrega al exmandatario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos "favores políticos".

Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una "persecución política y judicial" que tendría como objetivo impedir que postule nuevamente a la presidencia, que ejerció entre 2003 y 2011, en las elecciones de 2018. Sus aspiraciones, sin embargo, dependerán del fallo en segunda instancia, pues si la sentencia dictada por Moro fuera ratificada las leyes electorales le impedirían postular para cualquier cargo público.

La defensa de Lula ya ha presentado una primera apelación a la condena proferida por Moro, quien la negó esta misma semana.

En esa acción, sus abogados alegaron que existen documentos que fueron presentados al tribunal y desconsiderados por Moro, entre los cuales estaban declaraciones de testigos y certificados que pudieran probar que la verdadera propietaria del apartamento sigue siendo la empresa constructora.

Moro, sin embargo, sostuvo que "no existen ni omisiones, ni oscuridades ni contradicciones en la sentencia", que será analizada por un tribunal federal con sede en la ciudad de Porto Alegre, al que deberán ser dirigidas las próximas apelaciones. Si bien los bienes y valores quedan bloqueados, no serán transferidos a los cofres públicos a menos que la segunda instancia judicial confirme la condena, informó el Tribunal.