Revocan detención domiciliaria y arraigo del alcalde Mérida
07 de julio de 2017 (19:52 h.)
La jueza Gina Castellón concedió medidas sustitutivas al alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, por la imputación en el caso de los trabajadores despedidos y daño económico en la gestión 2015.
Castellón determinó revocar la detención domiciliaria, concedió arraigo a nivel nacional y redujo la fianza de 80.000 a 50.000 bolivianos.
La autoridad judicial concedió medidas sustitutivas valorando los otros 13 procesos que tiene Mérida.
La audiencia de apelación se llevó a cabo en el Tribunal Departamental de Cochabamba. El Alcalde presentó una apelación contra las que consideraba como “medidas excesivas”.
El año 2015 el alcalde Mérida despidió a cinco trabajadores y contrató a otros para trabajar en el municipio de Quillacollo. Posteriormente reincorporó a los trabajadores y pagó los salarios devengados.
El abogado de Mérida, Ronald Orozco, aseguró que su defendido no causó ningún daño económico al municipio de Quillacollo, porque decidió devolver 66.985 bolivianos de los salarios de los trabajadores despedidos y reincorporados. "La jueza nos ha dado la razón en esta apelación, ha anulado la detención domiciliaria, me ha impuesto la firma de libros y redujo la fianza a 50.000 bolivianos. Era lo correcto”, afirmó Mérida.
Castellón determinó revocar la detención domiciliaria, concedió arraigo a nivel nacional y redujo la fianza de 80.000 a 50.000 bolivianos.
La autoridad judicial concedió medidas sustitutivas valorando los otros 13 procesos que tiene Mérida.
La audiencia de apelación se llevó a cabo en el Tribunal Departamental de Cochabamba. El Alcalde presentó una apelación contra las que consideraba como “medidas excesivas”.
El año 2015 el alcalde Mérida despidió a cinco trabajadores y contrató a otros para trabajar en el municipio de Quillacollo. Posteriormente reincorporó a los trabajadores y pagó los salarios devengados.
El abogado de Mérida, Ronald Orozco, aseguró que su defendido no causó ningún daño económico al municipio de Quillacollo, porque decidió devolver 66.985 bolivianos de los salarios de los trabajadores despedidos y reincorporados. "La jueza nos ha dado la razón en esta apelación, ha anulado la detención domiciliaria, me ha impuesto la firma de libros y redujo la fianza a 50.000 bolivianos. Era lo correcto”, afirmó Mérida.