Una resolución defensorial recomienda que seis funcionarios del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Cochabamba, de la Defensoría de la Niñez y de la Dirección de Género y Generacional y la Secretaría de Desarrollo Humano sean investigados por la Fiscalía “por omitir” su deber de atender integralmente a una víctima de violencia.

Según el representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, la madre de la niña Nadia asesinada Elena Francisca F. era una víctima de violencia familiar de parte del padre biológico de la niña y pidió ayuda en el SLIM de Valle Hermoso, el 16 de enero de 2017, poco después de llegar de Sucre.

Según Cox, los funcionarios detectaron que estaba deprimida y necesitaba terapia psicológica, pero no se la dieron, ni le pidieron sus datos de domicilio, trabajo (para buscarla después) y si el padre cumplía con su obligación de darle asistencia familiar, “omisión que evidencia una falta de valoración detallada de la situación socioeconómica, psicológica de la víctima, que denota indiscutiblemente que no se realizó un análisis integral de la situación de riesgo y vulnerabilidad de la denunciante y por supuesto de su hija”.

En su resolución defensorial, Cox efectúa una serie de recomendaciones al alcalde José María Leyes, para corregir estas omisiones con instructivos a cada departamento y unidad implicada, pero al final también resuelve remitir el caso a la Fiscalía, para que investigue a los funcionarios y se detecte “la comisión de delitos”.

Al respecto, la nueva directora de Desarrollo Social de la Alcaldía de Cochabamba, Andrea García, recordó que existen documentos en los que consta que Elena Francisca F. acudió al SLIM de Valle Hermoso para que la ayuden a buscar trabajo y para pedir apoyo psicológico, pues había demandado en un Juzgado de Familia de Sucre al padre de su hija Nadia, por asistencia familiar, y ella temía perder a su hija. Las encargadas le ofrecieron terapias psicológicas de apoyo, pero Elena F. no asistió a las citas pactadas con la profesional. Los procesos judiciales por asistencia familiar siempre son estresantes y conflictivos, pero, en sí mismos, no constituyen violencia para ser tratados como tales.

Elena F. dijo a los periodistas que su expareja, Juan Carlos Mendoza, era agresiva con ella e hizo creer que la golpeaba , pero luego ella misma, al enfrentarse a él, reconoció que no la agredió, pero sí le había sido “infiel”. En sus declaraciones a la Fiscalía, la mujer admitió que fue en busca de trabajo al SLIM y por ayuda psicológica, pero como no le dieron (trabajo), no volvió.

Cuando constató que su nueva pareja, Brandon T., había golpeado a su hija, reconoció que no lo denunció. También declaró que noche antes de la muerte de Nadia, ella la examinó al cambiarla “y estaba sanita”, pero un informe del IDIF reveló que la niña ya había sido violada tres días antes de ser asfixiada. Dante Reyes, el abogado del padre biológico de Nadia, lamentó que el representante del Defensor del Pueblo esté “apoyando abiertamente a Elena Francisca F., cuando las investigaciones están revelando que ella sabía del martirio de su hija y ya se acumulan pruebas de que la relación enfermiza de Elena y Brandon comenzó cuando ella aún estaba en Sucre”.