LA PAZ

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que durante su gestión, la Dirección General de Registro y Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) manejó más de 5.000 bienes incautados al narcotráfico, de los que 71 por ciento fueron monetizados.

"Dircabi fue creada en 1977 y desde ahí hasta 2017 se ha incautado y ha transferido a la administración de Dircabi algo más de 26 mil bienes y los que corresponden a la gestión del Ministerio de Gobierno son algo más de 5 mil por un lado (...). Lo que Dircabi ha podido monetizar de bienes incautados al narcotráfico en un 71 por ciento corresponden a 6 años de la gestión del actual Ministerio de Gobierno frente a los 34 años anteriores", dijo en interpelación en la Cámara de Senadores.

El informe del Ministro se realizó luego de que la senadora de Unidad Demócrata (UD) Carmen Eva Gonzales mostrara a principios de junio, según una investigación que durante los últimos años el patrimonio de la Dircabi, alcanzó a 22.000 bienes confiscados al narcotráfico, de los que 70 por ciento , valuados en 140 millones de dólares, se habría extraviado.

Romero recordó que siempre hubo denuncias de irregularidades, desaparición de bienes, desmantelamiento y ventas ilegales de los bienes incautados, por lo que se hicieron investigaciones, que culminaron en procesos judiciales y sentencias ejecutoriadas.

"En los únicos casos que hay investigaciones con sentencias ejecutoriadas fueron en nuestra gestión, el primer caso fue la red de extorsión que denunciamos el 2012, en la que algunos de los responsables aún guardan detención, muchos de ellos, funcionarios de Dircabi de Santa Cruz y Cochabamba", señaló, según ABI.

Agregó que el Ministerio de Gobierno abrió 10 procesos penales contra esos ilícitos, de los que saldrán otros más.

La autoridad indicó que en 2012 se presentó un proyecto de ley de "extinción de dominio de bienes ilícitos" para independizar la acción de monetización de bienes incautados de la acción penal y de esa manera monetizar los bienes independientemente de los cursos que sigan los procesos penales que pueden durar hasta 10 años.