“Me van a sacar sin vida de este municipio”, fue la frase que utilizó el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, en rechazo a las acciones legales que hay en su contra. Informó que podría declararse en huelga de hambre como una protesta ante los “juicios armados y jueces presionados” porque tiene detención domiciliaria y asegura que buscan su detención preventiva.

Un tribunal determinó la detención domiciliaria y fianza de 80 mil bolivianos.

La autoridad llegó ayer a Cochabamba, junto a un custodio policial, para denunciar que es procesado por denuncias de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), como miembros de un sindicato, del Concejo Municipal y diputados que “apadrinan un golpe municipal”.

Recordó que él hasta devolvió recursos, ante el error de otro funcionario, para pagar salarios de gente despedida, pero que el Concejo “lo olvidó” y lo denunció. Adelantó que buscan su detención preventiva en la audiencia del 4 de julio, en un proceso en el que le acusan de obligar a trabajadores a marchar en su favor, cuando fue una movilización “por la democracia”, en octubre.

Mérida recibió el apoyo del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien enfatizó que hay un intento de “golpe municipal” promovido por el MAS. Leyes anunció que convocará a parlamentarios demócratas para investigar las presiones a jueces y fiscales.