El nuevo sistema de justicia penal es la reforma jurídica más importante en el último siglo. Tiene como misión hacer eco de la legítima demanda ciudadana por hacer más eficiente y transparente la procuración e impartición de justicia en Bolivia.

Sin embargo, para que este modelo de justicia u otro aflore al calor de la justificación del cargo que ocupen nuevos legisladores, previamente es importante tanto la transformación de las instituciones de seguridad y justicia, como el cambio cultural de la forma de solucionar conflictos. Es un requisito impostergable, junto con la materialización de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional. De no ser así, cualquier modelo de justicia que exista no tendrá razón de ser.

Un claro ejemplo es la Ley 348: desde su promulgación, los índices de violencia contra la mujer han ido en crecimiento exponencial, no porque la norma sea mala, sino porque la norma no se encuentra acompañada de programas y políticas destinadas a revertir el flagelo de la violencia.

Este caso se repetirá con otro ente jurídico: el proyecto de código del sistema penal, pues no solo se trata de superar nuevos paradigmas jurídicos, sino de aplicar valores sociales de respeto a los derechos por parte de los ciudadanos con ellos mismos, así como de respeto por parte de los que detentan el poder con los ciudadanos bolivianos. Ello implica políticas educacionales desde la familia, que permitan irradiar la cultura de paz hacia la sociedad. Así, el paradigma del nuevo modelo de justicia penal representa la condición vital para brindar una seguridad jurídica y una homeostasis social.

Con el código del sistema penal boliviano, se ha propuesto un cambio profundo y trascendente. Sin embargo, esta implementación no se agota con el mero hecho de proponer un nuevo sistema del código penal, ni con meras políticas en la adecuación de los espacios físicos de los inmuebles destinados a la procuración e impartición de justicia, ni siquiera con la capacitación de todos los operadores responsables del nuevo modelo: jueces, Ministerio Público, peritos, defensores públicos, policías y asesores jurídicos de víctimas y traductores e intérpretes.

El nuevo proyecto del sistema penal, de acuerdo al legislador, surge como respuesta hacia la descolonización de sistemas jurídicos que han sido importados. Sin embargo, ¿no es importado y colonizador delegar la tarea de reforma de justicia a foráneos como Baltasar Garzón, Eugenio Raúl Zaffaroni, Carlos Alberto Binder y Roberto Viciano Pastor? Nadie niega la capacidad académica y profesional que puedan tener, lo que es cuestionable es que no conocen la realidad jurídica boliviana ni los problemas que existen en la administración de justicia en nuestro país.

Si bien han sido numerosos los retos superados, aún queda mucho por hacer. Está, por ejemplo, el principio de rendición de cuentas de los asambleístas. Un cambio de esta magnitud representa una nueva manera de vivir la justicia. El esfuerzo debe ser conjunto. Entre instituciones y la sociedad civil, generaremos un cambio cultural que nos permita afrontar esta misión hacia futuras decisiones que construyan una mejor Bolivia.