Cochabamba, Bolivia, Lunes 19 de junio de 2017
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Una decisión esperanzadora

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Por: “CUCHO” JORDÁN Q. | 19/06/2017 | Ed. Imp.
Ya casi estábamos acostumbrándonos a que las exigencias hechas por la opinión pública en general, la prensa o los partidos de oposición, fueran pasadas por alto cuando se trataba de esclarecer a plenitud hechos que afectaban a la economía nacional o el manejo transparente de la gestión pública. Parece que los tiempos van cambiando, puesto que nos enteramos de que quien fuera protegido incondicional del régimen y que ocupaba el cargo más alto dentro de nuestra empresa petrolera ha sido sustituido, aunque sea con carácter interino, por un profesional cuyos vínculos con el Gobierno son también innegables.

La gestión del anterior presidente de YPFB, Guillermo Achá, se halla signada por la corrupción. No otra cosa se deduce del hecho de que dos ingenieros petroleros del área de perforación, tres abogados y una gerente del área corporativa legal de la empresa estatal se hallan investigados y retenidos por la justicia, por supuesta comisión de actos dolosos en la adquisición de tres perforadoras a la empresa italiana Drillmec, por la suma de 148.8 millones de dólares, cuando en realidad —según los entendidos— existe un sobreprecio de 60.000 dólares.

El señor Achá, no obstante el cargo de responsabilidad máxima que desempeñaba y consiguientemente la corresponsabilidad que le era inherente, no se halla incluido dentro del proceso investigativo abierto por la Fiscalía. El presidente Evo Morales, a momento de ministrar posesión al nuevo designado, ha manifestado la inexistencia de actos de corrupción en la mencionada entidad, al mismo tiempo que ha afirmado que los medios “han hecho creer al pueblo” la existencia de los actos dolosos, afirmaciones que no guardan concordancia con la decisión de remover del cargo al sospechoso, y menos aún con la recomendación dada al flamante funcionario de “revisar todos los procesos de contratación de la entidad estatal petrolera y delinear políticas de austeridad”. Peor aún, se denunció que existe una política de antinacionalización. No obstante todo ello, la decisión asumida por el Gobierno es esperanzadora, en la medida en que permita la investigación exhaustiva de los hechos y, por supuesto, que se incluya en ello al principal responsable y, en su caso de responsabilizarlo de los daños económicos ocasionados al erario nacional y de existir delitos, sancionarlos de acuerdo a ley.

La actitud asumida por el Gobierno, al margen de las exculpaciones señaladas, es digna de ponderarse, puesto que la decisión asumida y que era esperada por el conjunto nacional coincide con la celebración y homenaje que se hiciera a los pocos sobrevivientes de la Guerra del Chaco, contienda que, a no dudarlo, estaba relacionada con la defensa y conservación del “oro negro” depositado en nuestra heredad nacional. Sin la heroica acción de nuestros combatientes y su inmensa cuota de sangre bendecida, no podríamos ostentar la calidad de productores de petróleo y sus derivados, riquezas que, hoy por hoy, son el sustento de nuestra economía y que, seguramente, de existir una política adecuada, libre de demagogias y chauvinismos, seguirá siéndolo por mucho tiempo, en la medida en que seamos previsores e inversores, con el añadido de honestidad y el buen manejo de la cosa pública, lo cual debe ser una regla y no la excepción.


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