El temor más grande de la familia Raya Mamani se hizo realidad ayer. Un juzgado ordenó la liberación de Humberto Vía Vargas, el hombre que fue enjuiciado y sentenciado a 30 años de prisión por haber matado a su suegra Martha Raya, en Ivirgarzama. Niños, adolescentes y mujeres que integran la familia Raya han comenzado a temblar de solo pensar que Vía cumpla sus amenazas de matarlos por haber declarado en el juicio en su contra.

Ellos advierten que si les pasa algo malo, “los responsables serán los jueces que dejaron salir a un hombre que según las pericias presentadas en el juicio, es un psicópata”. Desde que supieron que el asesino de su madre podría ser liberado en cualquier momento, dos niños gemelos de 12 años comenzaron a orinarse en la cama por las noches y a tener pesadillas. “Están aterrorizados porque ellos fueron testigos del crimen de mi hermana. No sabemos a quién acudir. ¿De qué sirve que lo condenen, con todas las pruebas, si la justicia está podrida y lo sueltan igual?”, cuestionó Corsina Raya, la hermana de la víctima, antes de enfrentarse al abogado de Humberto Vía en los pasillos del Tribunal de Justicia.

De acuerdo a las pruebas presentadas en el juicio oral, el sentenciado, Humberto Vía Vargas (31), fue integrante de una temible pandilla en Vinto y, según un peritaje psicológico, es un psicópata que no siente empatía ante el dolor de otras personas y representa un riesgo para la sociedad. Vía Vargas se casó con la hija mayor de Martha Raya Mamani, pero era muy violento y ella huyó de Combuyo, Vinto, a la casa de su madre en Ivirgarzama. Vía la siguió y amenazó de muerte a su suegra Martha Raya, cuando ella defendió a su hija.

El 8 de junio de 2015, Vía entró al hogar donde dormía Martha junto a los gemelos. Su hija mayor estaba en otra cama. Apuñaló en el cuello a su suegra y los niños se despertaron al sentir la sangre de su madre correr sobre ellos.

Humberto Vía fue capturado y según su propia confesión ante la Policía, “su intención era matar a la familia para que su esposa sea declarada heredera de los bienes, matarla a ella y apropiarse de su herencia”. Fue condenado a 30 años de cárcel, pero, desde el 13 de enero, Vía intentó salir en libertad varias veces, argumentando que su sentencia no estaba ejecutoriada. En una de esas ocasiones le dieron libertad, pero una sala penal revocó la decisión, tomando en cuenta que el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, en el que se describen los riesgos de fuga procesales, establecía en el parágrafo 6 que “el haber sido imputado por cometer otro hecho delictivo o haber recibido una condena privativa de libertad en primera instancia”, eran considerados riesgos procesales de fuga y era preferible mantener la detención. El docente de Derecho Penal de la Universidad Mayor de San Simón Henry Pinto explicó que hace casi dos meses, el Tribunal Constitucional analizó y concluyó que el contar con una sentencia condenatoria en primera instancia y el tener una imputación en otro proceso, no podían ser considerados riesgos procesales “porque atentan contra el derecho a la presunción de inocencia, por lo que decidió eliminar el parágrafo 6 del artículo 234”.

Consultado sobre el peligro que significa, para la sociedad, el que peligrosos delincuentes juzgados y sentenciados salgan en libertad si sus condenas no han sido oportunamente ejecutoriadas, debido la mora judicial, el catedrático admitió que existen casos particulares que los jueces deben ponderar.

“Por ejemplo, en los casos de imputados con perfiles peligrosos, mantener la detención preventiva no debería ser visto como una sanción, sino como una medida de prevención social”. Opinó que en el caso de Humberto Vía, la familia debía apelar con ese argumento.