Seguramente, los sucesos de Brasil no son un tema que atraiga con especial interés a los sectores populares ni a ciertas franjas medias que persisten en creer(se) que la coyuntura argentina es o puede ser de esencia diferente. Que los ricos que gobiernan acá (Argentina) no pueden ser políticamente tan ineptos como los de allá. Que al fin y al cabo estamos mejor que cuando pasó lo peor, aunque nadie, por fuera de los privilegiados de clase y sector, pueda creer seriamente en lo mejor que estamos desde diciembre de 2015. Pero Brasil es un recordatorio argentino.

En marzo pasado, durante un seminario sobre “la operación” Lava Jato, el economista y profesor brasileño Luiz Gonzaga Belluzzo dijo que el protagonismo del Poder Judicial es una de las mayores desgracias que pueden acontecer en su país, porque la verdad de ese protagonismo es que el “Judiciário” se transforma en una casta encargada de aplicar lecciones morales. Ese escenario, agrega Belluzzo, es fruto del avance de otro poder enorme, el de los mercados financieros, que se esconde por detrás de los protagonismos. Se asiste a la ruina de las instituciones que coordinan la economía brasileña, cuya industrialización fue construida a través de articular al Estado con sus empresas y las del sector privado. Ese proyecto se abandonó en los años 90, gracias a las influencias neoliberales (y se interrumpió en las gestiones del PT, mucho o poco, pero no puede dudarse de que fueron un obstáculo). La desregulación es el régimen que les permite a los intereses privados apropiarse del sector público, y el Lava Jato es el operativo que instrumenta la decadencia de un Estado activo. Belluzzo pone como ejemplo la destrucción de las empresas de construcción pesada, y remata señalando que el problema de la macroeconomía no es otro que el de a quiénes sirven las instituciones. Con un candor más cínico que ingenuo, varios analistas de la prensa oficial afirman por aquí que en Brasil al menos funciona la Justicia para cargarse por corrupción a personajes relevantes. Todavía resta que corra mucha agua bajo el puente pero, por lo pronto, las dichosas instituciones sirvieron para derrocar a una Presidenta elegida en forma democrática y a la que, al igual que a Lula, no pudo probársele un solo hecho de corrupción siquiera nimio. Valieron, las instituciones, para avanzar en la aplicación de un programa económico salvaje, que entre sus objetivos principales continúa apuntando a la reforma privatista del sistema jubilatorio, a “innovaciones” que trituran los derechos laborales y a congelar el gasto público en salud y educación durante 20 años. Así como se lee: 20 años. Esto último es lo que ya aprobó la Cámara de Diputados brasileña, que en conjunto con la de Senadores tiene a la mitad de sus miembros implicados en hechos de corrupción. Para ese gran marco sirve la operación de la Justicia de Brasil, instrumentada por un dandy que hace las veces de juez con desesperados afanes mediáticos. Y sirve para cosa por el estilo la persecución de la Justicia argentina sobre el gobierno anterior, con Cristina en primer término. No es lo mismo la existencia de corruptos, habida y por haber en todo sitio, tiempo y régimen, que mostrar a una experiencia progresista como un ejercicio de corrupción generalizada. Pero parece necesario remarcar una obviedad igual de escandalosa que los sucesos.

La pregunta que nadie acierta a contestar es cómo se desató semejante y presunto aquelarre en el país vecino (...).

(Tomado de www.pagina12.com.ar)