Un tribunal anticorrupción condenó la madrugada de ayer a Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales, a 10 años de prisión por seis delitos económicos, entre ellos el de legitimación de ganancias ilícitas, tras un juicio oral que se inició el 17 de marzo. Zapata fue sentenciada también por los delitos de asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos.

Durante la audiencia, Zapata, detenida desde febrero de 2016, insistió entre sollozos en que era inocente y consideró "injusto e inhumano" que la Fiscalía reclame para ella 10 años de prisión, informó la agencia EFE. Los fiscales Daniel Ayala y Juan Carlos Soria probaron el delito de legitimación de ganancias ilícitas "en base a los millonarios depósitos en las cuentas de Zapata y los pagos en efectivo que realizó la acusada para comprar bienes inmuebles, autos y empresas, entre otras propiedades". También establecieron que la acusada se inventó un título de la UMSA para figurar como abogada. Asimismo, según los fiscales, Zapata aparentó varias veces ser funcionaria de la Unidad de Gestión Social del Gobierno donde tenía reuniones con empresarios. La que fuera novia de Morales entre 2005 y 2007 fue acusada por el propio Gobierno de usar, para hacer tratos ilegales, esas oficinas del Ministerio de la Presidencia. Según el Gobierno, los altos cargos de ese Ministerio nunca se enteraron de que Zapata hacía negociaciones en esas oficinas.

Durante la investigación, los fiscales dijeron que Zapata no pudo explicar la procedencia de dos millones de dólares en sus cuentas, ya que la suma no correspondía con el salario que percibía como gerente comercial de una filial de la constructora china CAMC. Esa empresa se adjudicó varios contratos estatales para construir obras en Bolivia por 566 millones de dólares.

A dos años de prisión fueron sentenciados Ricardo Alegría y Carlo Ramírez, que eran amigos de Zapata y también fingían ser empleados del Estado para ayudarle en sus negociados con empresarios. El juez impuso tres años de prisión al abogado Walter Zuleta, prófugo de la justicia desde mayo de 2016, por sus vínculos en las negociaciones con Zapata.

Ahora bien, son tantos los delitos por los que se halló culpable a Zapata y es tanto el dinero que estuvo en juego, que cuesta creer que los únicos involucrados en los ilícitos sean solo un par de personas más, ninguna con altos poderes. En tal sentido, bien haría el Ejecutivo en escuchar a la oposición, que lamentó que no se incluyeron a ejecutivos de CAMC, ni a exministros, autoridades o gerentes de empresas públicas que hicieron negocios con esa constructora china.

En favor de la lucha contra la corrupción y como una señal a quienes quieran delinquir, es pues urgente que se transparenten todos y cada uno de los tratos que esa compañía tiene en Bolivia, así como el accionar de los funcionarios. La de Zapata se suma a las condenas de personas del oficialismo o relacionadas con este que incurrieron en delitos, algo que, ciertamente, ocurría muy pocas veces en otros gobiernos. Sin embargo, en cada uno de los casos anteriores, así como en este, quedan aún muchas cuestionantes y existieron denuncias no investigadas de más involucrados. Solo la sanción a todos los culpables sentaría un precedente real.

Por otro lado, a continuación sería necesario un riguroso control estatal de las obras en curso que construye la empresa china, así como un seguimiento en detalle del cumplimiento de los contratos cuantiosos que hicieron con el Estado compañías sobre todo extranjeras. Por supuesto, existen ya mecanismos de fiscalización para ello y hasta autoridades designadas, pero no estaría demás pensar en unidades especiales que verifiquen no solo la transparencia de las adjudicaciones, sino también el respeto a cabalidad de los acuerdos comerciales.