Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 19 de marzo de 2024
  • Actualizado 00:37

Otras prioridades antes de la cadena perpetua

Otras prioridades antes de la cadena perpetua
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció el fin de semana un referendo sobre una reforma legal para castigar con cadena perpetua a los violadores de menores en casos que terminen en muerte, tras lamentar varias denuncias de violaciones de niñas en los últimos días, informó la agencia EFE.

García Linera dijo que está muy molesto con la violencia machista que se ejerce contra las mujeres y en particular contra niñas, y peor si es ejercida por autoridades. Sostuvo que las violaciones son "una enfermedad" que debe ser curada y que quienes cometen o toleran agresiones tienen el "alma podrida". "Estamos haciendo una nueva ley con el Presidente. Al violador de niños y niñas con muerte, pena perpetua. Se va a quedar 100 años en la cárcel, no va a salir nunca, nadie lo va a sacar, vamos a cambiar la ley, vamos a hacer un referendo". La reforma legal solo puede hacerse con la aprobación de una consulta de ese tipo, ya que la pena máxima en el país es de 30 años.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, al menos el 83 por ciento de los niños, niñas y adolescentes ha vivido algún tipo de violencia por más de dos ocasiones, y el 23 por ciento fue víctima de violencia sexual, datos que nos deberían causar más que alarma. La Red Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia para una Vida Libre de Violencia estima que el 80 por ciento de los abusos a niños y niñas se produce en el entorno más próximo como la familia, las amistades y el colegio.

En las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia realizada en junio de 2016, ya se aprobó avanzar hacia la instauración de cadena perpetua para los responsables de violaciones de niños. El Órgano Legislativo trata el proyecto del Código del Sistema Penal, en la que están estipuladas una serie de reformas.

Ahora bien, sin lugar a dudas, todo maltrato y más aún crimen perpetrado contra los menores despierta la más absoluta indignación ciudadana. No puede ser de otro modo, pues los seres indefensos que hoy sufren violencia, además de sobrellevar profundos traumas, en el futuro, si sobreviven, serán más proclives a repetir estas conductas. La pregunta, sin embargo, es cómo prevenir este tipo de agresiones que enlutan el presente y hacen inviable a nuestra sociedad.

El endurecimiento de las penas, como propone el Gobierno, puede ser una respuesta; aunque hay estudios sobre diferentes delitos que prueban que la determinación de mayores sanciones no siempre repercute en la disminución de los crímenes. A más de eso, pensamos que atacar el problema de raíz implica fijarse en aspectos que poco tienen que ver con castigos ampliados. Y es que la pobreza y la falta de educación suelen ser las más de las veces los verdaderos detonantes de los delitos, aparte de otros factores.

Por otro lado, nos preguntamos si el Ejecutivo no está consciente de la dramática situación de los recintos penitenciarios del país. Infraestructuras que hace mucho tiempo están por encima de su capacidad o en franco deterioro, escasas condiciones de seguridad y nulas políticas de rehabilitación para los privados de libertad hacen de las cárceles más bien antros de perfeccionamiento delincuencial. Así las cosas, aumentar el tiempo de reclusión no parece solucionar nada.

Finalmente, parte del problema son los lentos y pésimos procesos de investigación de los delitos. Nuestra Policía Nacional cuenta con poco y obsoleto equipamiento, para no hablar de la insuficiencia de recursos humanos debidamente capacitados y actualizados. De ese modo, aunque muchos de los crímenes contra menores son descubiertos en flagrancia o los acusados los confiesan rápidamente, hay, pese a ser poco, el riesgo de sancionar a inocentes.

Por todo lo anterior, antes del endurecimiento de las penas, las prioridades son otras.