A propósito del nuevo paquete de reformas al sistema penal que se viene aderezando en el seno del Órgano Legislativo Plurinacional, de la mano de un equipo de juristas y asesores extranjeros (fieles como somos a nuestra sempiterna xenofilia y genuflexión hacia todo lo que es importado), cabe destacar que existen tópicos que ameritan especial atención. Uno de ellos, el más álgido y determinante quizás, concierne a la postura que debe asumirse respecto a la dirección funcional de la investigación en los procesos penales.

Nuestra justicia penal padece de una crónica renguera, precisamente porque, a más de 15 años de transitar el régimen procesal acusatorio, jamás pudo afianzar el funcionamiento de una Unidad de Investigación, centralizada y especializada, que reúna en un solo equipo de trabajo a policías, fiscales y peritos, bajo el mando único del Ministerio Público. Nunca pudieron emparejarse ni conciliarse las competencias que ejercen la Fiscalía y su Instituto de Investigaciones Forenses, por un lado, y la Policía Nacional, en sus funciones de auxilio a la investigación, por el otro. El consabido divorcio entre fiscales y policías a momento de encarar una investigación penal es un tema recurrente que hasta ahora nos aflige.

De acuerdo a nuestra ley vigente, quien debe dirigir la investigación es la Fiscalía. Los miembros de la Policía Nacional que cumplan labores de Policía Judicial tendrían que acatar las órdenes del Ministerio Publico, y subordinarse a los fiscales. Sin embargo, hemos podido atestiguar que, en casi dos décadas de funcionamiento de este modelo de justicia, el principio de la dirección funcional de la investigación nunca llegó a materializarse, quedando así decorosamente relegado a las páginas de los libros de texto. En los hechos, lo que siempre tuvimos y lo que aún tenemos es una investigación dual, dispersa, centrifugada, que no obedece a un mando único ni a una estrategia unívoca y uniforme. Los miembros de la Policía que se desempeñan como “investigadores” en la FELCC nunca estarán realmente sometidos a la dirección funcional de la investigación, teóricamente asignada al Ministerio Público, mientras dependan administrativamente de otra institución (es decir, del Comando de la Policía). La creación, entonces, de una Unidad de Investigación dependiente exclusivamente de la Fiscalía, conformada por policías declarados en comisión, desligados de las funciones operativas y de seguridad que paralelamente les asigna la Policía Nacional, y que pasen a integrar un escalafón especial subordinado únicamente al Ministerio Público, siempre fue una necesidad y una demanda perentoria, aún no satisfecha.

Por eso es plausible la actual propuesta de reforma trabajada en el Órgano Legislativo, que concierne justamente a la creación de una categoría especial de funcionarios policiales, dedicados a la investigación criminal, que pasen a depender exclusivamente de la Fiscalía, evitando esa duplicidad de mandos —administrativo y funcional— que al presente afecta a estos servidores públicos. Pues, lo que se requiere para superar este obstáculo es algo más que una simple reforma de los enunciados o principios dogmáticos que atingen a la dirección funcional de la investigación. Sobre estos, abunda ya nuestra actual normativa. Lo que se requiere es una reforma institucional, y es este cambio el que pretende encarar la propuesta en cuestión. Funcionarios policiales que pertenezcan a un escalafón especial de investigadores, desligados por completo de las funciones de seguridad y de logística asignados por la Policía Nacional, parecen ser la solución estructural para garantizar la progresiva especialización de la investigación criminal y para frenar, al fin, la permanente interferencia “administrativa” que ejerce la institución policial en las labores de la Fiscalía, sobre todo a través de arbitrarios desplazamientos, rotaciones y cambios de personal. Pero, a los fiscales que se anticipen a brincar de júbilo, habría que recordarles que este proyecto es apenas un refrito de una propuesta similar elaborada hace más de cinco años, cuya implementación fue bloqueada precisamente por la Policía Nacional. Las razones que se ventilan desde esta vereda son cuando menos sospechosas. Se aduce que la Policía perderá competencias y facultades. Pero, ¿facultades y competencias para qué? Lo cierto es que muchos policías investigadores que pasen a depender directamente de la Fiscalía perderían el abanico de libertades que ahora tienen para corromper la investigación con sus milenarias extorsiones y negociados.