Mediante un proyecto de ley remitido ayer a la Asamblea Legislativa, el presidente Evo Morales propone el pago, a cargo de los gobiernos municipales, de un bono mensual de 250 bolivianos para personas con discapacidad grave y muy grave, exceptuando a los no videntes.

Esa población representa el 68 por ciento (39.727) del total de personas registradas y carnetizadas actualmente (58.423) en la base de datos del Ministerio de Salud. Teniendo en cuenta esa cifra y de aprobarse la norma, el gasto total para los municipios sobrepasaría los 119 millones de bolivianos al año.

“El Gobierno (central) tiene hartas obligaciones en el tema de rentas y bonos, pero el Estado tiene la obligación de compartir un requerimiento social tan importante”, dijo ayer el Mandatario a tiempo de leer, en rueda de prensa, el contenido de la propuesta.

Para acceder al beneficio, detalló Morales, las personas con discapacidad deberán estar registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único de la Persona con Discapacidad del Ministerio de Salud, y contar con el carnet de discapacidad vigente.

Datos del programa gubernamental, publicados en el sitio web del Ministerio de Salud, dan cuenta que, a nivel nacional, las personas con discapacidad grave representan el 49 por ciento del total y las personas con discapacidad muy grave, el 19 por ciento . Ambos grupos suman el 68 por ciento , porcentaje que equivale a 39.727 personas teniendo en cuenta que la población total carnetizada es de 58.423.

El pago mensual de un bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad grave y muy grave, implicaría para las alcaldías del país un gasto total de más de 119 millones de bolivianos al año. Según el proyecto de ley, los gobiernos municipales financiarán el pago “con recursos de cualquiera de sus fuentes de ingresos”.

PROBLEMAS A decir de Jorge Silva, concejal del Movimiento Al Socialismo en el municipio de La Paz y exvicepresidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), de los 339 municipios del país, “me animaría a decir que 300 no tendrían las posibilidades”.

Se trata, indicó, de municipios pequeños, “que su presupuesto no les alcanza para pagar ni al chofer del alcalde”, y medianos, cuyos recursos son muy limitados y están comprometidos con necesidades institucionales y demandas de la población. “Quizás municipios grandes como las capitales de departamento, que tienen un presupuesto considerable, puedan afrontar ese desafío”, apuntó. En el caso de La Paz, añadió, eso sería posible recortando gastos “innecesarios” como los que se hacen en publicidad, viáticos y refrigerio. No obstante, consideró necesario que se realice un censo municipal para tener certeza del número exacto de beneficiarios.

De su lado, el ministro de Economía, Luis Arce, declaró ayer: “Si no habría la capacidad, no nos hubiéramos animado a darles esta responsabilidad… Esto es fundamentalmente para los grandes municipios, donde hay recursos”.

Arce, además, recordó que cuando se desató el conflicto entre el Gobierno y los discapacitados, a mediados del año pasado, muchas alcaldías plantearon el pago de un bono para el sector, por lo que no se justifica que ahora se opongan a ese beneficio.

BENEFICIARIOS El año pasado, las personas con discapacidad realizaron movilizaciones de protesta en demanda de un bono universal de 500 bolivianos mensuales. Aquellos con grado de discapacidad grave y muy grave, reciben actualmente una renta solidaria de 1.000 bolivianos al año. El proyecto de ley del Ejecutivo dispone que esa renta se pagará solamente hasta que el bono mensual municipal entre en vigencia.

“Nos sentimos victoriosos, estamos de acuerdo” con el proyecto, dijo a OPINIÓN César Ugarte, ejecutivo del Comité Nacional de Lucha por la Renta (Conalud), integrado por los dirigentes que en 2016 organizaron la caravana nacional que por meses ocupó calles de la ciudad de La Paz para exigir el bono de 500 bolivianos.

“Es un monto muy bajo (los 250 bolivianos propuestos), pero por algo se empieza”, indicó Felisa Alí Ramos, dirigente de Conalud. El sector, relató, conoció de la propuesta del gobierno el 20 de enero pasado de boca del Defensor del Pueblo. Agregó que existen planteamientos que no fueron incorporados en el proyecto de ley y que ahora serán reiterados ante la Asamblea Legislativa.

Se busca, señaló, que el monto del bono sea establecido en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) para que no pierda su valor con el tiempo, que el beneficio cubra a todas las personas con discapacidad, que sea adicional a la actual renta solidaria de 1.000 bolivianos anuales, y que sea financiado con recursos del Tesoro General de la Nación.

Generación de empleo

En la propuesta legislativa se establece además que las entidades y empresas públicas, al igual que la Policía y las Fuerzas Armadas, están obligadas a contratar, en un porcentaje no menor al 4 por ciento de su personal, a personas con discapacidad o al tutor, padre o cónyuge.

Esa disposición rige también para empresas y establecimientos del sector privado, pero en un porcentaje no menor al 2 por ciento . En ambos casos, el cumplimiento de lo establecido en porcentajes superiores dará lugar a distinciones y reconocimientos a establecerse en la reglamentación de la norma.

Las personas con discapacidad cuyos padres, tutores o cónyuges se beneficien con la inserción laboral, no accederán al bono mensual. Se propone además que las entidades públicas puedan realizar las contrataciones por invitación directa.

Montaño: Revilla tiene doble discurso

LA PAZ

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo ayer que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, tiene un "doble discurso" con respecto al bono mensual de 250 bolivianos que el Gobierno propone que paguen los municipios a las personas con discapacidad grave y muy grave.

"Creo que no se puede tener doble discurso. En el momento en que se habló de un bono, autoridades municipales como el caso del alcalde de La Paz, que plantearon que era muy necesario este bono y ahora tienen un discurso contradictorio y dice que no es posible pagar", dijo según la agencia ABI.

En mayo del año pasado, una movilización de personas con capacidades diferentes llegó hasta la sede de Gobierno en demanda de un bono de 500 bolivianos, solicitud que Revilla consideró justa.

En ese marco, Montaño dijo que "ahora es fácil asumir una postura política cuando el responsable no es uno, sino son otros".

Diputado dice que alcaldías tienen recursos

LA PAZ

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, aseguró ayer que las alcaldías cuentan con los recursos económicos necesarios para pagar el bono de 250 bolivianos a las personas con discapacidad, iniciativa que está contemplada en un proyecto de ley que envió esta jornada el presidente Evo Morales al Legislativo.

"(Los gobiernos municipales) tienen recursos necesarios, si se hace una comparación de ingresos y recursos de los municipios antes del año 2005 y después de 2005 tengan la seguridad que se han triplicado los presupuestos", explicó a los periodistas.

El legislador recordó que, según la Ley Marco de Autonomías, las entidades territoriales autónomas están en la obligación de generar recursos y no solo el presidente Evo Morales debe estar comprometido con las personas con discapacidad, sino también las alcaldías.