Existen ciertas instituciones problemáticas en Bolivia a las que ningún Gobierno les ha podido dar solución. La lista no es corta: Órgano Judicial, Policía, Fuerzas Armadas, Caja Nacional de Salud…

Una de esas ha sido motivo de noticia en los últimos días: el Órgano Judicial. Con tres proyectos de ley a los que el Gobierno no dio inmediato acceso a los medios de información, la administración de Evo Morales cree que podrá iniciar los cambios para contar en cierto tiempo con una justicia más rápida y transparente en Bolivia.

Como era de esperarse, acto seguido los operadores de justicia protestaron. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Rudy Siles, solicitó que los recursos sean incrementados para aumentar el personal que es, según él, el principal problema que se tiene para eliminar la mora procesal. Esta gestión Cochabamba inició con 71.375 casos pendientes del 2016. Un juez resuelve hasta dos casos por día en la Llajta.

El 89 por ciento del presupuesto judicial para este año se irá al pago de salarios en Cochabamba. Y no es que los jueces se estén llenando de dinero los bolsillos puesto que según la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial, un juez gana un promedio de 12 mil bolivianos al mes, mientras que un secretario unos 3.800 y un oficial de diligencias cerca de 2.000 bolivianos.

Sin embargo, al consultarle a la ministra de Justicia, Virginia Velasco, sobre ese tipo de requerimientos, ella le dijo a Opinión que a ellos (los operadores de justicia) “más les preocupa la plata que la necesidad de reformar la justicia en beneficio de todos”. Luego habló de un asunto clave: informó que se necesita hacer un mapeo territorial para ver la carga procesal y luego otros “aspectos para saber dónde se necesita más jueces o fiscales, ver si corresponde una reasignación y cómo ampliar el acceso a la justicia, ese es un trabajo que tendrá que ver la Comisión”.

Esta declaración de la Ministra de Justicia realizada días después del anuncio de la entrega de los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para reformar la justicia es una prueba de que el Gobierno no ha realizado una investigación a fondo de toda la problemática que implica la justicia en Bolivia porque de haberlo hecho, toda esta información que la autoridad anuncia será motivo de indagación en el futuro, debía haber servido de base para hacer los cambios. ¿Por qué?

Pretender realizar transformaciones profundas en problemáticas de larga data que incluyen a protagonistas complicados y algunos o varios de ellos comprometidos con actividades vinculadas a la corrupción sin haber, primero, realizado un diagnóstico a fondo de todo lo que hay que cambiar puede ser muy riesgoso, sobre todo porque las buenas intenciones pueden terminar siendo una cacería de brujas en la que solo se castigue, sin terminar de dar soluciones estructurales integrales.

Ignorar o dejar a un lado para “después” las condiciones en las que trabajan jueces, fiscales y policías no parece una idea muy afortunada porque estas personas son las llamadas a actuar en las indagaciones y procesos.

De hecho, el solo saber que en el caso de Cochabamba, el 89 por ciento del presupuesto asignado para 2017 está destinado al pago de salarios, ya es un motivo de preocupación porque se trata de un alto porcentaje no recomendable en ningún presupuesto que se digne de ser “eficiente” por cuanto el mismo representa la inviabilidad de contar con dinero para inversiones y flujo de caja necesario para necesidades cotidianas.

Por ello, sería bueno que la Ministra de Justicia en particular y el Gobierno de Evo Morales en general dejen a un lado los prejuicios y traten de abordar los temas a partir de investigaciones más completas que les permitan cosechar los frutos esperados.