Dirigentes de organizaciones sociales —entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Fabriles de La Paz, la Junta Nacional de Padres de Familia y la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (Fensegural)— consideran que el presidente Evo Morales debe cambiar a cuatro ministras y tres ministros. Se trata de las autoridades a cargo de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Productivo, Salud, Medio Ambiente y Agua, Minería, Economía y Justicia.

“Habrá cambios para dar oportunidad a las nuevas generaciones… Cuesta conseguir compañeros comprometidos”. Con esas palabras, el 31 de diciembre pasado, Morales anunció, sin dar más detalles, que hará cambios en su gabinete ministerial.

Aunque no ha realizado una evaluación al respecto, la COB cuestiona la continuidad en el cargo del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, y de la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Verónica Ramos.

“El Ministerio de Trabajo no ha atendido la demanda de los trabajadores; a estas alturas, ni siquiera ha llevado adelante la adecuación de la Ley General del Trabajo a la Constitución Política del Estado”, indicó Vitaliano Mamani, secretario de organización del máximo ente sindical de los trabajadores.

Respecto de Ramos, Mamani explicó que la Ministra no ha viabilizado el avance de la mesa de trabajo instalada el año pasado entre la COB, el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia para tratar el tema de la reactivación productiva en el país. “Hemos tenido que quejarnos al Presidente y ahora estamos retomando la mesa tripartita”.

“Pedimos el cambio de estas dos autoridades (Trigoso y Ramos), y esperamos que el Presidente nos escuche, al final es su decisión”, coincidió Wilson Mamani, secretario ejecutivo de la Federación de Fabriles de La Paz.



INCUMPLIMIENTO Según el dirigente, la mesa de trabajo sobre el tema productivo funcionó por alrededor de cuatro meses, pero “no hubo nada concreto” para solucionar el contrabando y la invasión de productos chinos al país, problemáticas que, aseguró, resultaron en el cierre de fábricas textiles en el departamento de La Paz. Por ello, dijo, la Ministra del área ya no goza de la confianza del sector.

“En lugar de viabilizar la atención de los trabajadores, se ha vuelto un agente de presión”, opinó sobre el Ministro de Trabajo. Otro punto en contra de esa autoridad, añadió el dirigente de la COB, es que su pliego único nacional no fue resuelto en ningún punto, salvo en parte en lo referente al incremento salarial. “La primera quincena de este mes, convocaremos a un ampliado nacional donde se aprobará el pliego para la gestión 2017; en muchas cosas es reiterativo porque no se ha llegado a ningún acuerdo el año pasado”, añadió, el dirigente.

A decir de Franklin Gutiérrez, presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, organización parte de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), además de Trigoso, también ha sido cuestionada la ministra de Salud, Ariana Campero, y la de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira. “Creemos que hay que hacer cambios en los ministerios, siendo que en muchos casos hay gente que no está apoyando el proceso de cambio”, dijo.

Sobre Moreira, Gutiérrez habló de un cambio necesario “porque estamos viviendo una crisis (de provisión de agua) que ha afectado tremendamente al propio gobierno”. Además se precisan cambios en viceministerios y direcciones, señaló. Se refirió en ese caso a los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Justicia.

“No es posible que el Presidente se saque la mugre trabajando y que sus colaboradores, los ministros, le hagan quedar mal; como Conalcam habíamos reclamado que es mucho más fácil reunirnos con el Presidente que cuando solicitamos una audiencia con un ministro”, afirmó.



SALUD Y AGUA Para Boris Villa, secretario ejecutivo de Fensegural, Campero debe ser removida del cargo, entre otras cosas, por no haber creado más ítems en el sector de salud, porque en su gestión no se construyeron todos los centros hospitalarios comprometidos por el Gobierno y por no saber fiscalizar el Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases).

Fensegural, dijo, también ha solicitado el cambio de Moreira “por su incapacidad y por haber dejado a la población sin agua” y de Trigoso por no haber controlado el despido de trabajadores de la Empresa Pública Nacional Textil (Enatex) tras su cierre.

“Hemos pedido también el cambio del ministro de Economía, Luis Arce, aunque eso creo que va a ser muy difícil porque es uno de los hombres fuertes del Presidente”, indicó Villa. Cuestionó la gestión de esa autoridad “por la incapacidad de generar el doble aguinaldo para los trabajadores y por haber dicho que vamos a superar la expectativa de crecimiento de la economía cuando no fue así”.

Finalmente, según Villa, los trabajadores de la seguridad social demandan la destitución de la ministra de Justicia, Virginia Velasco, “porque la justicia no ha cambiado en nada y se está penalizando los actos de los dirigentes” sindicales; y del ministro de Minería, César Navarro, “porque los compañeros mineros han establecido que no hay un crecimiento en la producción” y por el conflicto con el sector cooperativo que derivó en la muerte de cinco mineros y del exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

Eddy Calle, secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, no está de acuerdo con el cambio de Navarro ni con el de Trigoso. “Sería plausible que puedan seguir”, dijo. El dirigente destacó el apoyo gubernamental para que la Empresa Minera Huanuni obtenga un préstamo de 36 millones de dólares para seguir operando y superar el déficit registrado en los primeros meses de 2016.



OPOSICIÓN A las autoridades ya mencionadas por las organizaciones sociales, la diputada opositora Norma Piérola (PDC) añade a la lista de cambios necesarios al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y al de Defensa, Reymi Ferreira, por ser “máquinas del mal”; y a Milton Claros, titular de Obras Públicas, por las irregularidades en torno a la línea aérea LaMía.



AL MARGEN “Otros sectores han cuestionado fuertemente a ministros y ministras, pero no es un tema que nos incumba, porque mantenemos una cuestión de principio de independencia sindical y el Gobierno tendrá el derecho de armar su equipo y es su responsabilidad responder por el trabajo de sus ministros”, dio Federico Pinaya, secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia.

Con relación a la gestión del Ministro de Educación, Roberto Aguilar, Pinaya enfatizó: “No vamos a opinar si debe quedarse el ministro; en lo personal me parece que es un Ministro que dialoga, con el que se puede llegar a acuerdos, con el que se puede tratar y mi visión es totalmente distinta a la de mis compañeros trotskos” de la Confederación.