Los bolivianos estamos de luto. Un grave conflicto entre el Gobierno y los cooperativistas mineros se ha llevado la vida de los mineros Rubén Aparaya Pillco, Germán Mamani, Severino Ichota, Freddy Ambrosio y del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes. El presidente Evo Morales ha denunciado que todo este problema forma parte de un intento de golpe de Estado gestado desde abril de este año.

Por el bien del país y de las familias que perdieron a sus seres queridos, los órganos del Estado debieran impulsar todas las investigaciones necesarias para aclarar las muertes y también la denuncia del Primer Mandatario, porque no vaya a ser que únicamente se aclare la muerte del Viceministro para la que se ha demostrado la necesaria voluntad y el resto quede en la nebulosa, incluyendo el supuesto golpe de Estado.

El cooperativista Freddy Ambrosio fue el último en morir. En general, sobre las muertes de los cooperativistas mineros, lo único que se sabe hasta el momento públicamente es que fueron producto de impactos de proyectiles cuyos calibres no fueron revelados aún (excepto por uno que habría fallecido producto de una mala manipulación de un explosivo).

Si bien la jueza decidió enviar a la cárcel a los presuntos autores de la muerte del Viceministro, lo cierto es que ninguno de los responsables de los fallecimientos de mineros cooperativistas ha sido identificado ni imputado. Este es un asunto pendiente y complicado porque de ser policías quienes dispararon, sabemos que para el Gobierno que los mandó a desbloquear no sería fácil sentarlos luego en la silla de los acusados por el malestar policial que esto podría originar, motivo por el que el Ejecutivo parece estar hoy, en cierta forma, entre la espada y la pared.

Pero también está pendiente la presentación de mayor número de pruebas en el caso del supuesto intento de golpe de Estado denunciado por el Mandatario boliviano. Al respecto, existe una buena cantidad de artefactos explosivos caseros fabricados por los cooperativistas mineros y una estrategia desplegada por ellos en contra de los policías para acorralarlos y, tal vez, matarlos. Sin embargo, sobre la confabulación a la que se habrían prestado tres personas supuestas asesoras de estos, lo cierto es que el Ejecutivo aún no ha presentado prueba alguna y preocupa porque el fin de semana el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio nombres, embarrando de ese modo a personas cuyo prestigio se debiera tener en cuenta a la hora de lanzar acusaciones sin la presentación de pruebas como ocurrió el domingo.

Sin embargo, la preocupación del Gobierno es legítima en cuanto a que si existió y algún existe alguna intención desestabilizadora, se debiera llegar al fondo del asunto para identificar uno a uno a los cabecillas, pero con pruebas en mano porque de lo contrario sería como encender la ventiladora que, en caso tan delicado como el actual, es lo menos aconsejable.

En momentos como el actual en el que ningún acercamiento dio resultado para reunir a las partes en conflicto alrededor de una mesa de negociación, no es buena idea hacer acusaciones que levanten más pólvora.

Por el bien del país y sobre todo de la democracia y la pacífica convivencia de las y los bolivianos, se debe dar con el fondo de todo lo ocurrido porque los familiares de los muertos lo esperan, los policías torturados merecen respuestas y el país necesita a gritos justicia, equidad y transparencia. No solo los asesinos de Illanes deben purgar, sino quienes dispararon contra los cooperativistas mineros cuando, supuestamente, no había orden de portar armas y disparar. Eso dijo el Gobierno, ¿fue realmente así? Ese es otro asunto que también habrá que indagar.