Luego de una investigación preliminar de 64 días, la Fiscalía imputó a la Intendenta Municipal de Cochabamba Luz Rojas por la presunta comisión de dos delitos: atentado contra la libertad de trabajo y uso indebido de bienes del Estado. Las otras nueve denuncias presentadas fueron descartadas en primera instancia por el Ministerio Público. Se espera que la jueza Anticorrupción fije fecha para la audiencia cautelar de la funcionaria.

Patricia Guevara, la abogada de la Intendenta, dijo que no habían sido notificadas con la imputación y que en unas horas darían su versión al respecto.

El 23 de mayo de 2016, tres mujeres exgendarmes municipales formalizaron una denuncia en contra de Rojas, y de otros dos funcionarios, por los delitos de proxenetismo, extorsión, cohecho, coacción, beneficios en razón del cargo, amenazas, uso indebido de bienes del Estado, uso indebido de influencias y violación en estado de inconsciencia. Incluso acusaron a Rojas de acoso sexual a un guardia.

Sin embargo, Ximena Narváez y Jaquelin Ponce, las fiscales encargadas de las pesquisas no hallaron suficientes indicios de la comisión de estos delitos e imputaron a Rojas por uno solo de ellos: el uso indebido de bienes del Estado y aumentaron el de atentado a la libertad del trabajo.

La imputación significa que se halló indicios para profundizar una investigación que podría durar seis meses, o más, pero, al final, la Fiscalía podría presentar una acusación formal o descartarla, dependiendo de si esos indicios se convierten en pruebas.

El delito de atentado contra la libertad de trabajo, previsto en el artículo 303 del Código Penal bolivianos señala que “el que impidiere, obstaculizare o restringiere la libertad de trabajo, profesión u oficio, comercio o industria, incurrirá en reclusión de uno a tres años”. El delito de uso indebido de bienes establece que “el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”. La Fiscalía solicitó la detención preventiva de Luz Rojas en una audiencia cautelar, mientras se profundiza la investigación, pero la juez podría rechazar la petición si la Intendente demuestra que no existen riesgos de fuga ni de obstaculización.

El abogado de las exguardias municipales Lurwyn Ledezma, dijo que corresponde sacar a Luz Rojas del cargo y que ella asuma su defensa sin estorbar la investigación.

El asesor general de la Alcaldía, Sergio Coca, señaló que aguardan la documentación oficial para definir una posición. Empero, recordó que todos los ciudadanos tienen derecho a un debido proceso y gozan de la presunción de inocencia.