El alcalde Eduardo Mérida Balderrama es buscado con mandamiento de aprehensión para luego ser enviado al penal “San Pablo” de Quillacollo, por incumplir los alcances de un Laudo Arbitral con sentencia ejecutoriada a favor de los trabajadores municipales.
El martes por la tarde, la jueza Laboral del Juzgado Público de Quillacollo, Martha Coca, libró el mandamiento de detención en contra del alcalde Mérida por el delito de incumplimiento del Laudo Arbitral.
La resolución del juzgado laboral ordena a las autoridades pertinentes la captura del alcalde Mérida y su inmediata remisión al penal San Pablo, y para ello libró el formulario correspondiente y entregó a los dirigentes de los trabajadores municipales.
Según los dirigentes de los dos sindicatos: Mixto y de Obras Públicas, lo único que ha hecho la juez Coca es cumplir con las leyes laborales en vigencia, por lo que desde las primeras de este miércoles se dieron a la tarea de buscar al Alcalde para su notificación y aprehensión.
Los dirigentes municipales tras infructuosas acciones de notificación, llegaron a confirmar que el alcalde Mérida se declaró en la “clandestinidad” para eludir su detención en la cárcel. Allegados al Ejecutivo habrían informado que viajó a la ciudad de La Paz, otros que se encontraba enfermo o entregando obras en la comunidad de Misicuni, además de otras excusas.
“Lamentamos que el alcalde Mérida sea un cobarde y huya para evitar su detención. Conocemos de su accionar como profesional abogado y nada raro que esté utilizando la estrategia de esconderse para ganar tiempo y presentar algún recurso legal que dilate su situación, por lo que insistiremos todos estos días en su captura”, indicaron los dirigentes en puertas del Juzgado.
Ante la desaparición de Mérida, los dirigentes ediles anunciaron que solicitarán al Ministerio Público la ampliación de horas y días no laborales para cumplir con la orden de apremio.
Mientras tanto en ambientes de la Alcaldía de Quillacollo cunde el silencio y la incertidumbre entre los trabajadores y funcionarios, nadie quiere decir nada al respecto. Por su parte los concejales viajaron a la ciudad de La Paz en misión oficial.
Según informes de los dirigentes municipales, el pasado 23 de junio venció el plazo para que el alcalde Mérida cumpla todo lo establecido en ese recurso laboral y compromisos posteriores

Recordaron que el Laudo Arbitral se cumplió parcialmente durante la gestión del exalcalde Charles Becerra Sejas, por lo que se planteó el cumplimiento en todas sus partes.
De acuerdo a los dirigentes de los dos sindicatos municipales, Mérida incumplió y violó derechos de los trabajadores como la estabilidad laboral que garantiza la Constitución Política del Estado (CPE), despidos injustificados de más de 50 personas y no pagó el incentivo funcional

Asimismo, afirmaron que no dotó de ropa de trabajo en cumplimiento del decreto que garantiza dos veces al año. Mérida debe dos años, algo más de 600.000 bolivianos, además de pagar los daños económicos por despedir a embarazadas y padres progenitores.