La Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno se encuentran en una pulseta por el Decreto 2765 que dispone el cierre de la empresa Enatex cuya consecuencia principal es el despido de 800 trabajadores y crea una nueva empresa, conocida como Senatex. El constitucionalista, Juan Antonio Rivera explica los cambios en el nuevo sistema que pretende imponer el Gobierno con su nuevo decreto

P. ¿Qué implicancias tiene para los trabajadores el Decreto 2765?

R. Ha modificado la naturaleza jurídica de la Empresa Pública Enatex, adecuando su estructura orgánica y atribuciones; lo que significa que la Empresa Pública Enatex ha dejado de existir porque se ha transformado en una Entidad Pública Descentralizada, denominada Servicio Nacional Textil Senatex, sujeta a las normas previstas por la Ley Nº 1178 – SAFCO respecto al desarrollo de sus actividades; y las relaciones con el personal dependiente de la nueva Entidad Pública se sujetarán a las normas previstas por la Ley Nº 2027 Ley del Estatuto del Funcionario Público

Las implicancias para los trabajadores son:
En primer lugar, dejan de ser trabajadores de la extinta Empresa Pública Enatex; pues a partir de la publicación del decreto supremo se produce la desvinculación laboral entre los trabajadores y la extinta empresa.
En segundo lugar, conforme a las normas previstas por la Ley General del Trabajo y sus decretos reglamentarios, así como lo dispuesto por el art. 10 del Decreto Supremo Nº 2765; la Empresa Pública extinguida debe cancelar los beneficios sociales.
En tercer lugar, los trabajadores desvinculados de la extinta Enatex, si desean ingresar a la nueva Entidad Pública Descentralizada deberán sujetarse a las normas previstas por la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público; lo que significa que para ingresar deberán sujetarse a los procesos de comprobación de la capacidad e idoneidad a través de concursos de méritos y exámenes de competencia u oposición, para convertirse en funcionarios de carrera con la respectiva garantía de la inamovilidad funcionaria; salvo que sean designados como funcionarios interinos, pero con una duración solo de 90 días; dadas las características de la nueva Entidad Pública no podrían ser designados como funcionarios de libre nombramiento

Los trabajadores desvinculados de la Empresa Pública que sean incorporados a la nueva Entidad Pública, ya no tendrán derecho a los beneficios sociales; ya que en el Estado boliviano los funcionarios públicos incorporados al Sistema de la Carrera Administrativa no gozan de beneficios sociales.

P. ¿Este decreto es un retroceso para los trabajadores?

R. Lastimosamente resulta un retroceso para los trabajadores, ya que pierden su fuente laboral y no tienen la garantía de ingresar a la nueva Entidad Pública Descentralizada; máxime si se toma en cuenta que en la última década no se ha aplicado a cabalidad la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público; pues los criterios de selección y designación han sido por la afinidad política y no la capacidad e idoneidad; sobre esto último cabe recordar las declaraciones públicas de altas autoridades gubernamentales y dirigentes del MAS, después de conocerse oficialmente los resultados del Referéndum Popular de 21 de febrero, cuando dispusieron la depuración de los servidores o funcionarios públicos, desvinculando a aquellos que no habían realizado la campaña y votado por el Sí en el referéndum.
De otro lado, resulta un retroceso porque, cambiando de la condición de trabajador de una empresa a funcionario pública de una Entidad Pública Descentralizada pierden los beneficios sociales que son una conquista de los trabajadores, como una compensación por el desgaste físico e intelectual del trabajo por el desempeño de sus funciones.