La libertad de expresión es la base de la democracia, asegura el secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión, Moisés Sánchez. Ese derecho, ejercido por cada persona y en especial por los periodistas y medios de comunicación,  es esencial en el debate y   para poder enfrentar de manera informada los procesos de cambio político.
En esa perspectiva, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, coalición de 23 organizaciones de 19 países de las Américas  busca fortalecer el acceso a la información y libertad de expresión. La Asociación de la Prensa de Bolivia (ANP) es integrante de la Alianza

Sánchez afirma que los ciudadanos que se expresan a través de blogs y redes sociales, quienes se manifestan públicamente y los medios de comunicación  “son la base del cambio”. Plantea la necesidad de profundizar en la autorregulación de los medios de comunicación y una mayor transparencia, por ejemplo en cuanto a la propiedad de los medios,  como forma de evitar las restricciones a la libertad de expresión

Para Sánchez, no hay recetas, pero algunos países como Uruguay, por ejemplo, muestra que puede haber regulación sin vulnerar libertades.  

P.-¿De qué forma incidirán en los medios de comunicación los cambios en la política en Latinoamérica?

R.- Uno de los temas claves para la región será cómo enfrentar los procesos de transición que se están dando en muchos países. Sin duda que los últimos años han sido complejos para los medios de comunicación, periodistas y sociedad civil, especialmente en aquellos países que han limitado gravemente el derecho de la libertad de expresión, y en esta actual etapa los problemas no serán menores. Las tensiones y la polarización seguirán siendo la tónica en muchos lugares y, sin duda, que eso tendrá un impacto en la labor comunicativa. Los riesgos seguirán existiendo, y hay que estar más atentos que nunca, pero también este nuevo escenario hace necesario nuevas perspectivas de análisis sobre los contextos políticos, espacio en el cual los medios de comunicación pueden jugar un rol clave.

P.- ¿Qué países están a la vanguardia en legislación de medios de comunicación?

R.- No hay fórmulas únicas en lo que se refiere a la legislación de medios, y las experiencias en América han sido diversas. En estos momentos, la Relatoría para la Libertad de Expresión está haciendo un trabajo importante para preparar un reporte completo sobre este tema, para lo cual ha generado un proceso que ha considerado la opinión de medios, periodistas y la sociedad civil. El resultado de ese trabajo, sin duda, dará luces de la ruta a seguir. Por lo pronto, hay experiencias como la de Uruguay, que muestran que, a pesar de las dificultades, se puede avanzar en regulaciones que respeten la libertad de expresión. Sin embargo, también hay casos como los de Ecuador y Venezuela que muestran cómo este tipo de legislaciones se pueden constituir en herramientas para coartar gravemente este derecho.
En el caso de Bolivia, también hemos recibido reportes de la ANP que dan cuenta también de situaciones que son en extremo preocupantes

Por otra parte, también han proliferado una serie de regulaciones que, por la via de regular el uso de redes sociales, o pretendiendo evitar la discriminación, han sido utilizadas para limitar la posibilidad de expresarse libremente. Es un tema en el que hay que moverse con mucho cuidado.

P.- ¿Qué países muestran las mayores vulneraciones a la libertad de prensa y de expresión?

R.- Los informes anuales de la Relatoría para la Libertad de expresión muestran un escenario completo. La verdad es que hoy la mayor parte de los países tienen problemas. Más allá de las enumeraciones, es importante darse cuenta del fenómeno de “diversificación” de las modalidades de atentar contra este derecho. Las violaciones directas hoy se ven acompañadas de mecanismos más sutiles como el abuso de la publicidad oficial, la regulación de la opinión en redes sociales y la criminalización de las manifestaciones públicas, lo que hace necesario prestar la máxima atención a todos los países.

P.-¿Dónde funciona mejor la autorregulación de medios?

R.-La autorregulación es uno de los mecanismos que pueden ser profundizados para enfrentar estos procesos de cambios políticos. Uno  de los aspectos donde hay mucho espacio para avanzar es en la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, pues se ha constatado que  en muchos países el control político de la propiedad es una de las fórmulas usadas para silenciar voces e inhibir la opinión. Pero más allá de eso, es un paso necesario dentro de un concepto de democracia moderna.

P.- ¿Cuáles son las perspectivas de los medios de comunicación frente al poder político?

R.-La posibilidad de expresarse es uno de los pilares de la democracia, es la base del debate público. Sin duda los medios y periodistas son actores claves en el proceso de difusión de la información, lo que ha sido reconocido tanto por la comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este nuevo escenario, esta visión también debe incluir a los ciudadanos que se expresan a través de blogs y redes sociales, y también aquellos que lo hacen ejerciendo su derecho a manifestarse públicamente. Todos ellos son la base del cambio, y son claves para poder enfrentar de manera informada los procesos de cambio político que vienen en los próximos años.

La prensa pide neutralidad

MADRID El periodismo debe hacer uso de la mayor neutralidad posible para informar a una sociedad cada vez más "politizada", en la que los medios deben combinar su obligación de informar con ser "garantes" de los derechos humanos, indicó a EFE un grupo de periodistas latinos

"Estamos en una sociedad tan politizada que nos impide ver las cosas con objetividad", señaló Julio César Pineda, periodista venezolano de Globovisión, durante su intervención en la mesa redonda enmarcada en el ciclo "Impulso latino", organizado por la Casa de América en Madrid, el 26 de mayo

La labor del periodista es trabajar "de la manera más lógica y ética" para informar de la política actual, especialmente en Latinoamérica, agregó, y puso como ejemplos el proceso de destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, o del balotaje en Perú.

SIP acusa a Ecuador de usar norma para censura digital

MIAMI La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusa al    Gobierno ecuatoriano de utilizar Ley Orgánica de Comunicación para "silenciar a la prensa"

Representantes de medios digitales en Ecuador denunciaron una serie de ataques cibernéticos por parte del Gobierno de Rafael Correa con el único propósito de "silenciar a la prensa"

Al respecto, la SIP señaló que, una vez más, las autoridades de Ecuador están haciendo uso de la Ley Orgánica de Comunicación como “artillería pesada” para atentar contra la libertad de prensa y la libertad de expresión

Los medios y periodistas digitales acusan al Gobierno de ser la cabeza de ciberataques, que incluye la denegación de servicios y acusaciones por supuesta violación de copyright, o derechos de autor, por aparente uso ilegítimo de imágenes y extractos de las sabatinas presidenciales. "La intolerancia del Gobierno de Correa a la crítica no tiene freno y por ello, tal como hemos venido alertando en los informes semestrales de la SIP sobre la situación de libertad de prensa en Ecuador, hay que prestar atención a la actualización constante de los mecanismos utilizados para censurar a los medios en general", expresó el presidente de la SIP, Claudio Paolillo

Entre los medios que denunciaron las agresiones sistemáticas a su derecho a la libertad de prensa y de expresión a través de la organización Fundamedios figuran 4Pelagatos, Focus Ecuador, PlanV, Mil Hojas, Ecuadorenvivo, LaRepública.EC y Cotopaxi Noticias. Los representantes de dichos medios aseguran que recurrirán a instancias internacionales para alertar sobre la censura que se vive en Ecuador

Entre las medidas están el envío de una carta al Comité Internacional de Protección de Periodistas (CPJ), así como presentar sus casos en cortes de EEUU, donde están alojados sus servidores, para identificar a los responsables de los ataques cibernéticos

Estos ataques evidencian una actitud “deliberada y coordinada del poder para tumbar los medios digitales”, afirmó Fernando Villavicencio, del sitio periodístico Focus Ecuador

La página de Fundamedios reporta al menos dos sanciones a medios de comunicación escritos por difundir reportajes sobre el terremoto. El diario el Mercurio de Cuenca recibió una amonestación escrita y El Universal fue obligado a  difundir una réplica del Gobierno en una crónica sobre el sismo.

Macri reforma la polémica Ley de Medios argentina

BUENOS AIRES El presidente Mauricio Macri suprimió el 16 de mayo los identificadores del comienzo y el fin de las tandas publicitarias en los programas de radio y televisión, que desde 2010 separaban esos espacios del contenido narrativo por disposición del Decreto 1225/10, reglamentario de la Ley de Medios.
En enero, Macri modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dispuso la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que reemplazó y unificó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), según informa la página www.perfil.com

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, causó gran polémica durante la gestión de Gobierno de Cristina Fernández.
La Ley 26522 establece las normas para  el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la  Argentina. Tras su aprobación por el Congreso de la Nación, fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Fernández y se constituyó en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285 instituida en 1980 por la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y que se mantenía vigente. El Grupo Clarín impugnó la aplicación de cuatro artículos de la Ley (41, 45, 48 y 161) mediante el uso de sucesivas medidas cautelares, cuestionando aspectos que limitaban la acumulación de licencias de televisión por aire y por cable y que obligaban a la desinversión, en consecuencia, de aquellos grupos económicos que se hallaran más allá de esas limitaciones (entre ellos el propio Grupo Clarín). Esta postura de la empresa paralizó la plena aplicación de la Ley durante más de cuatro años, durante los que el Grupo Clarín logró evitar su propia adecuación a los artículos 41, 45, 48 y 161, manteniendo en el ínterin la posesión de la totalidad de sus licencias de medios de comunicación

El 29 de octubre de 2013,  la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo final que determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley

La Ley creó la defensoría del público, que es un organismo de mediación entre la audiencia que requiere una respuesta a un derecho vulnerado y el medio de comunicación. En cuatro años, se trataron unos 8.000 reclamos