El monumento arqueológico de Incachaca desató un conflicto de límites entre los municipios de Colomi y Villa Tunari, al extremo que las 431.71 hectáreas de superficie que tiene comenzaron a ser objeto de tráfico de tierras. Así lo constató ayer este medio en una visita que hizo a la zona junto con la Brigada Parlamentaria de Cochabamba.

No solo pudo observarse que hay una explotación intensiva de agregados (ripio y arena de playa de río) para el proyecto hidroeléctrico San José 1 que está implementando la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), sino también, chaqueos de grandes hectáreas de tierras y construcciones ilegales de viviendas familiares.

LA TIERRA Producto de estas prácticas ilegales, atribuidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fundamentalmente a la carencia de límites geográficos entre los municipios de Villa Tunari y Colomi, fueron afectadas 20 hectáreas y están asentadas 50 familias, denunció el alcalde de Colomi David Pinto.

Sin embargo, en la disputa de tierras en la provincia Chapare, fueron puestos a descubierto también intereses privados y sindicales ligados a productores de hojas de coca.

Integra, una sociedad privada creada por la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), a través de Javier Prudencio, declaró al monumento “propiedad exclusiva”.

Yolanda Inturias, a nombre de casi un centenar de familias asentadas bajo el amparo del sindicato Incachaca de Villa Tunari, alegó lo mismo.

En el sitio arqueológico, el tráfico de tierras comenzó a manejar mucho dinero. De hecho, 4.000 metros cuadrados de terreno cuesta aproximadamente 500 dólares, aseguró Pinto.

“El comercio está a flor de piel y el despojo comenzó en 2010, cuando el alcalde de Villa Tunari Feliciano Mamani construyó un tanque de agua para realizar la distribución domiciliaria. Planificó asentamientos ilegales en la zona” denunció la autoridad municipal.

LAS AMENAZAS Pinto advirtió que los loteadores quieren, además, reducir la superficie de Incachaca de 431 a solo 50 hectáreas y eso “no lo vamos a permitir”.

Cirilo Pardo, dirigente de los sindicatos de Colomi, alertó a su vez que “Incachaca se va de las manos y el INRA no está haciendo nada para detenerlo”.

Francisco Jiménez y Vitaliano Vargas, ambos productores campesinos en la zona y vecinos de Incachaca desde que nacieron, denunciaron a la comisión oficial que fueron despojados de sus parcelas por migrantes de Potosí, Villa Tunari e incluso Sacaba.

Para el inspector de tierras del INRA, Óscar Aguilar, el conflicto es “bomba de tiempo”. Ante esta situación informó que Incachaca está bajo “medidas precautorias”, lo que implica que no se pueden usar las tierras “para nada”.

“Nosotros, mientras el Ministerio de Culturas no diga que tenemos competencia sobre Incachaca, no estamos reconociendo la propiedad a favor de nadie y se ha notificado a los interesados así”, dijo Aguilar.

Trabajan sin ropa adecuada y denuncian maltrato en San José

Mario Balderrama, perforista en el proyecto hidroeléctrico San José 1, no pudo más y denunció al presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Adhemar Valda, que no tiene overol y que el casco que tuvo lo rompió una roca en el túnel hace días.

“No tenemos descanso, ni ropa de agua y trabajamos con (indumentaria) rota”, afirmó.

La queja sorprendió al diputado que no esperaba una declaración semejante, menos aún, en una visita oficial de campo que hizo al proyecto junto a varios medios de comunicación social.

El obrero fue más lejos aún. Dijo que un súbdito chino de la empresa Sinohydro, que contrata a los bolivianos, intentó golpearlo.

Frente a la reacción, el gerente de la empresa eléctrica Corani y responsable del proyecto, Carlos Rocabado, salió al paso e inmediamente invitó a Balderrama a decir la verdad.

“Se les está dando protección, solo que no es de buena calidad y no digas que no tienen”, respondió al perforista.

Frente a esta situación, Balderrama replicó al ejecutivo y dijo que “habla la verdad que muchos trabajadores callan”.