Dos propiedades que fueron confiscadas al controvertido y prófugo de la justicia Marco Marino Diodato, vinculado al narcotráfico y líder de la mafia italiana que operaba en Bolivia hace 12 años, fueron devueltas a sus familiares tras una orden judicial, pese a que los bienes ya eran de propiedad del Estado.

La responsable de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Mirtha Jiménez, reveló a OPINIÓN este hecho y denunció que la devolución fue irregular.

Detalló que la justicia devolvió a familiares de Diodato un departamento que está ubicado en el condominio Suto y una propiedad de 15 mil metros del Motacusal, ambos en Santa Cruz.

Jiménez dijo que ese no es el único hecho. Indicó que en el caso denominado Saga contra el ciudadano Gastón Saavedra Castelo se incautó “simbólicamente” un hostal, un edificio de seis pisos, terrenos y un surtidor. “Digo simbólicamente porque hasta la fecha no se tiene los bienes”, aclaró.

En abril de 2008 se entregaron esos bienes a Dircabi por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), pero no fueron acompañados por el fiscal y juez para hacer efectiva esta incautación.

La directora de Dircabi explicó que la instancia que preside se ve “impotente” de actuar ante este tipo de situaciones y se limitan a devolver los bienes que ordenaron los jueces.

“Somos una instancia que se dedica a administrar los bienes incautados y no tenemos potestad de asumir medidas jurídicas para evitar estas ilegalidades, por eso nos limitamos a obedecer los fallos judiciales que favorecen a narcotraficantes”, afirmó.

En tanto, legisladores oficialistas y opositores demandaron a la Fiscalía asumir su rol e iniciar las investigaciones para determinar responsabilidades de los jueces que trafican estos fallos.

El diputado opositor Franz Choque dijo que la Fiscalía debe investigar estos excesos y determinar responsabilidades a jueces que “sospechosamente” benefician los narcotraficantes.

“Parece que la tan mentada democratización de la justicia queda en el discurso y no se están viendo los resultados, sino que se está profundizando la corrupción”, afirmó.

Por su parte, el diputado oficialista Jaime Medrano no descartó pedir un informe a la Fiscalía y a Dircabi para que detallen los casos “sospechosos” que benefician a los sentenciados por narcotráfico en ganancias ilícitas, en los que están involucrados los jueces.

“No puede ser que bienes que ya están en poder del Estado por fallo judicial ejecutoriado puedan devolverse como si nada, eso es una irregularidad que merece investigación hasta dar con los responsables para que reciban las sanciones correspondientes”, afirmó el legislador.

IMPOTENCIA La Dircabi ha denunciado meses atrás que muchos jueces están devolviendo bienes confiscados, que ya son del Estado boliviano por fallo judicial, “se ha hecho muy continuo que en estos últimos meses”.

“Hemos encontrado en estas devoluciones irregularidades, porque antes Dircabi como administradora de bienes incautados devolvía los bienes, pero no denunciaba sobre estas irregularidades. Ahora nuestra política es poner en evidencia, pero seguimos atados de manos y pies porque no podemos hacer más nada, pues sólo somos administradores”, manifestó.

Dijo que las irregularidades las han hecho conocer al Ministerio Público sin resultados, pues su despacho no puede encarar los procesos jurídicos.

Expresó la preocupación de Dircabi ante casos tan evidentes de corrupción e irregularidades con casos “muy llamativos”, en los que los jueces están comprometidos en devolución de bienes a los narcotraficantes que ya tienen sentencia.

“Hay jueces que son campeones en devoluciones de bienes incautados y confiscados. Estamos pidiendo que el Ministerio Público y el Procurador General del Estado se preocupen y asuman acciones destinadas a preservar los bienes del Estado”, aseveró.

Según la denuncia de Jiménez, la mayor parte de los bienes confiscados a favor del Estado al sentenciado por narcotráfico Marco Marino Diodato han sido devueltos por “argucias e irregularidades” de jue-ces.

Adelantó que enviará una lista de los jueces que “sospechosamente” tratan estos casos y que reiteradamente fallan a favor del narcotraficante o de sus familiares.

Estos casos de las devoluciones de bienes incautados y confiscados se dan principalmente en los juzgados de Santa Cruz y Cochabamba.

Apuntes.

Devolución

Los procedimientos jurídicos son lentos desde el secuestro de los bienes a narcotráfico, la transferencia a Dircabi y finalmente a la confiscación definitiva destinada al Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) para que favorezca al Estado.

Dircabi tiene una lista de varios casos de devolución de bienes confiscados e incautados, en otros hasta hay errores intencionales “para favorecer a los narcotraficantes”, pues los jueces confunden la custodia con devolución.

Incógnita

Hasta ahora el paradero de Diodato es desconocido. El 12 de enero de 2002, luego de sufrir un infarto agudo al miocardio en el Penal de Palmasola, fue intervenido y se le implantó un by pass. Permaneció durante varios meses en dos clínicas y luego retornó al penal.

En 2003, debido a su delicado estado de salud, volvió al segundo establecimiento.

Diodato logró el 1 de enero de 2004 burlar el control y se dio a la fuga de la clínica Bilbao de Santa Cruz.

Prófugo y líder de mafia italiana

El italiano Marco Marino Diodato, considerado el líder de la mafia italiana en Bolivia, condenado por delitos de narcotráfico cometidos en el país y acusado del atentado terrorista contra la jueza Mónica Von Borries, logró penetrar a las esferas políticas de poder y acumular riquezas.

Su fuga y muerte sigue siendo un misterio, pero también los bienes que le confiscaron entre propiedades ganaderas, inmuebles, automóviles, entre otros, también continúan generando controversias, manejos irregulares y hasta confabulaciones judiciales.

Según versiones de autoridades y de prensa, el italiano ingresó al país con el nazi Klaus Barbie y fue parte de la seguridad del extinto presidente Hugo Banzer Suárez.

Diodato fue detenido, el 17 de junio de 1999, acusado de espionaje telefónico, funcionamiento de casas de juegos de azar, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción pública, uso de influencias, infiltrar instituciones del Estado y narcotráfico.

No obstante, la justicia lo absolvió en el proceso por clonación de celulares y luego en el de los casinos. Fue sentenciado a cumplir 10 años por delitos contemplados en la Ley 1008. Apeló ante la Corte Suprema de Justicia cuyo fallo fue improcedente.

Inmuebles involucran a madre de una asambleísta cruceña y Dircabi pide procesar a los jueces

De la gran cantidad de bienes que le fueron confiscados a Marco Marino Diodato, dos últimos casos generan gran controversia porque involucran a la madre de una asambleísta de oposición.

La propiedad denominada el “Motacusal” y un inmueble en el condominio “Suto”, que ya estaban en poder del Estado, se devolvieron a través de un fallo ilegal a los familiares del italiano Marco Diodato, explicó el supervisor de Juzgado de Dircabi, Rodrigo Parra.

El “Motacusal” fue denunciado como vendido y loteado por la madre de una asambleísta plurinacional, según el informe de Dircabi.

De acuerdo a documentación proporcionada por esta entidad a este medio, el “Motacusal” fue incautado el 19 de septiembre de 1999 y confiscado en virtud al Auto de Vista del 2 de septiembre de 2000 pronunciado por la Sala Plena Segunda de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz y confirmado por el Auto Supremo el 3 de julio de 2001, emitido por la Corte Suprema de Justicia, que determinó la confiscación a nombre del Estado y a favor de Conaltid.

El supervisor Parra explicó que este hecho “de lejos” es para iniciar un proceso a los jueces que devolvieron el bien por incumplimiento de deberes, prevaricato y corrupción.

“El fallo de la Corte Suprema es inapelable, pero ¿cómo podemos entender que se haga caso omiso a ese fallo y se pueda proceder a devolver ese bien que es negociado inmediatamente?”, cuestionó el funcionario.

La propiedad de 15 mil hectáreas, ubicada en la jurisdicción de la segunda sección de Paurito en Santa Cruz, fue devuelto a Gina Banzer, esposa de Diodato, el 31 de julio de 2012 por la presidenta del Tribunal Yanet Noemy Paniagua y el juez Freddy Coronel Alacoma, quienes decidieron aplicar el incidente de “desconfiscado”, figura jurídica que no existe.

Un segundo caso es el del departamento en el condominio del “Suto”, que también está relacionado con la madre de una asambleísta cruceña, quien pidió el pago de 30 mil dólares de un anticrético que le dio a Diodato por dicho inmueble, el cual está en posesión de la señora, según documentos de Dircabi.

El abogado Parra explicó que este departamento también está confiscado desde febrero de 2000 y recién en 2008 la señora planteó una tercería para cobrar la suma de 30 mil dólares que le dieron como procedente.

Para Dircabi estas irregularidades deben terminar, porque más casos como estos podrían continuar presentándose.

Aseguraron que algunos acusados y otros sentenciados por narcotráfico son hábiles para recuperar sus bienes, utilizando “uno y mil recursos” judiciales, que para Dircabi son irregulares.

Tanto la directora de la institución como el supervisor del Juzgado, los jueces deben actuar conforme a ley y no de acuerdo a sus intereses y el de los narcotraficantes.

Proceso de confiscación es moroso por trabas de la justicia

El procedimiento de un bien incautado al narcotráfico o ganancias ilícitas va desde la detención de un narcotraficante por parte de la FELCN, la incautación de bienes hasta la confiscación.

Los procedimientos jurídicos son lentos desde el secuestro de los bienes a narcotráfico por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la transferencia a Dircabi y finalmente a la confiscación definitiva destinada al Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas para que favorezca al Estado.

La Dircabi identificó a la justicia como una de las trabas “complicadas” para la lentitud de los procesos.

El procedimiento de la confiscación se efectúa cuando hay un caso de narcotráfico. Primero, el fiscal solicita la incautación del bien como medida preventiva que se da mientras dura el proceso penal.

Durante la incautación, la Fiscalía pide al juez la incautación y luego esta autoridad debe remitirlos a la administración de Dircabi. Ésta comienza a partir del registro y la recepción del bien.

Mientras dura el proceso judicial, el acusado o el dueño que considere que se le vulneró sus derechos sobre el bien, puede pedir un incidente que deje sin efecto la incautación del bien y que debe resolverlo el juez.

En esa instancia es que se dan muchas irregularidades en las que Dircabi nada puede hacer.

Si no hay incidente de los propietarios o acusados, se llega a una sentencia condenatoria en la que la propiedad pasa a la confiscación y se ordena la transferencia al estatal Consejo Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico. Es decir que ya es de propiedad del Estado.

La Ley 007 señala que cuando se encuentra sustancia controlada o droga en cualquier medio de transporte se procede directamente a la confiscación, sin necesidad de los anteriores procesos morosos.

Para Dircabi todo este proceso debe ser mucho más ágil y no tan burocrático como actualmente sucede.