Protección.

Quince pueblos indígenas en peligro de extinción necesitan urgente apoyo del Estado para su sobrevivencia. Es hora de acabar con la permanente vulneración de sus derechos.

Los pueblos Yuki, Pacahuara, Esse Ejja, Yaminahua, Machineri, Ayoreo, Araona, Moré, Tapieté, Chimán, Sirionó, Baure, Guarasug’we, Cavineño y Uru están en peligro de desaparecer. Parte de los Ayoreos, Pacahuaras y Esse Ejja se encuentran en situación de aislamiento voluntario. Entre los pueblos no contactados están algunos indígenas Toromona, Ayoreo, Esse Ejja, Pacahuara y Yukis.

Para evitar que se extingan estos pueblos, el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina socializa un proyecto de ley destinado a proteger a cada una de estas etnias.

Se pretende establecer mecanismos sectoriales e intersectoriales de prevención y protección de las naciones y pueblos indígena originario en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados. El objetivo es salvaguardar a las personas en sus formas de vida individual y colectiva, respetando su identidad cultural, su idioma, su organización política, su organización territorial, la territorialidad ancestral, sus rituales y cosmovisión.

La propuesta prevé la creación de la Dirección General de Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Peligro de Extinción, en Situación de Aislamiento Voluntario y no Contactados (DGNPIOPEAVNC), dependiente del Ejecutivo.

Esta unidad planteará el territorio, las áreas de ocupación y tránsito en campamentos, espacio que involucre sitios de cacería, pesca y otros del pueblo en peligro de desaparecer. Al lugar no se permitirá el ingreso de personas ajenas. 

También deberá desarrollar investigaciones lingüísticas sobre los idiomas de las naciones y pueblos indígenas. El proyecto de ley propone la aprobación de un decreto supremo que declare la intangibilidad transitoria del territorio que ocupan los indígenas en riesgo de extinción, en tanto mantengan la calidad de tales. Esa categoría deberá ser evaluada y monitoreada cada 10 años. Por otra parte, el anteproyecto propone gestionar la dotación de tierras fiscales para el traslado, asentamiento y gestión territorial integral de estos pueblos.

La iniciativa de proteger a los indígenas es urgente y, lo más importante para garantizar su subsistencia, que se respete su hábitat y forma de vida.

El desafío es complejo porque se necesita conocer esas culturas a cabalidad y respetar su autodeterminación, lo que implica no imponerles nada. La historia de los pueblos indígenas muestra hasta ahora una permanente vulneración de sus derechos. Incluso después de la aprobación de la nueva Constitución y de leyes que los protegen, los pueblos en riesgo de extinción todavía no ejercen sus derechos plenamente.

En Bolivia no hay mecanismos institucionales de participación de los pueblos indígenas y sus posibilidades de resistencia a las múltiples amenazas son escasas. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación según una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, así como por la Constitución Política del Estado boliviano.

La protección que requieren los indígenas es perentoria. Por ejemplo, en el caso de los Pacahuara sólo quedan cinco integrantes de una etnia que en el siglo XVIII ocupaba un inmenso territorio que correspondía prácticamente a la mitad del norte de la actual Bolivia.

En Cochabamba, el pueblo Yuki tiene poco más de doscientos integrantes y un sinfín de amenazas para la preservación de su cultura ya afectada por la acción del Instituto Lingüístico de Verano que los sacó de su hábitat y los trasladó a Bia Recuaté a fines de los años sesenta. La presión del mercado y las culturas con más poder absorben poco a poco a los últimos sobrevivientes de los diezmados pueblos indígenas.

La Ley de Protección de los pueblos indígenas en riesgo de extinción tiene que aprobarse cuanto antes, previo consenso con los protagonistas.