Las cárceles en Cochabamba albergan a cientos de reclusos muy distintos entre sí, no sólo por sus edades sino también por su grado de peligrosidad y por su situación jurídica. Se entremezclan personas sospechosas de un delito con sentenciadas; violadores, asesinos, ladrones y estafadores, con acusados de robar una garrafa.

El hacinamiento en los vetustos penales es tal que las autoridades saben que deben ofrecer alguna solución a corto plazo porque las consecuencias pueden ser desastrosas.

Ante la imposibilidad de contar con un terreno amplio y saneado para construir una nueva cárcel, de forma inmediata, ha surgido la propuesta de aprovechar el espacio que existe en el penal de El Abra para edificar otros tres bloques que ayuden a aliviar el hacinamiento en otras cárceles.

La ampliación no sólo paliaría el hacinamiento, sino que permitiría aplicar una parte de la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, que instruye que los reclusos sean sometidos a un sistema progresivo con el objetivo de promover su preparación para su reinserción social.

Según el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, si todo sale bien, el proyecto de ampliación podría ser concluido hasta 2014.

Cada bloque tendría dos pisos. El primer bloque, similar a un prototipo que ya existe de planta baja y primer piso, sería “de régimen cerrado”, el segundo bloque sería de” régimen intermedio abierto” y el tercer bloque “de observación y confianza”.

En el primer bloque, de régimen cerrado, estarían los reclusos más peligrosos y que necesitan de máxima seguridad o que tengan sentencias de más de seis años. Los internos de las cárceles de San Sebastián, de San Antonio y otras que cumplen estos requisitos, serían trasladados a este bloque.

Estos internos, por tres meses no tendrían visitas ni llamadas telefónicas, sólo entrevistas restringidas. Un equipo, denominado Consejo Penitenciario, evaluaría sus conductas para que al concluir el plazo puedan ser trasladados al bloque de mediana seguridad o intermedio.

En este bloque habrán celdas que tendrán una capacidad de cinco personas cada una. Tendrán acceso a áreas de trabajo en talleres de actividades semiindustriales, áreas de visitas conyugales, tiempos de socialización cada 15 días.

A los tres meses de permanecer en este bloque, el equipo o Consejo penitenciario podría definir que estos internos pasen al siguiente bloque donde las celdas son compartidas entre nueve personas.

Si el informe del equipo o Consejo penitenciario es positivo o favorable a estos internos, podrán pasar a los bloques comunes que hoy se conocen como El Abra, y que se convertirían en bloques de régimen abierto.

“Este es el sistema progresivo previsto por ley y es una forma de aislar la delincuencia, porque los reos considerados peligrosos van a estar aislados por casi un año y las cuatro etapas de rehabilitación se cumplirían tal y como lo estipula la ley”, describió Llanos.

Concluir este proyecto demorará por lo menos hasta fines de 2014 y para frenar los efectos del hacinamiento hasta esa fecha, Régimen Penitenciario no prevé otras inversiones. “Estamos incidiendo en la ampliación de la Ley del Indulto hasta 2013 para que los internos cumplan un tercio de su pena y se les perdone los otros dos tercios, eso nos ayudaría a liberar a unas mil personas en el país y a disminuir el hacinamiento en San Sebastián, San Antonio y otros penales”, agregó.

Invertirán Bs 7 millones pero jueza duda que la cifra alcance

La jueza de Ejecución Penal, Yolanda Ramírez dijo que como proyecto “la propuesta es fabulosa”, pero duda que el monto presupuestado alcance para hacer viable la infraestructura que requiere la aplicación del sistema progresivo.

“Además, tengo entendido que los papeles del terreno de El Abra no están saneados y para invertir dinero del Estado es necesario hacerlo en terrenos saneados”, acotó.

Según Ramírez, la aplicación del sistema progresivo y clasificación de internos requiere de una infraestructura grande.

“No nos olvidemos que los grupos de detenidos preventivos y de los menores son poblaciones grandes y que hasta que saneen los papeles del terrenos de El Abra y convoquen a una licitación pueden pasar años. El hacinamiento que soportan los internos en este momento es insostenible y hay que darle una solución ya”, dijo Ramírez.

El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, reveló que el Gobierno dispuso un dinero para la construcción de un nuevo penal en Cochabamba, pero “aunque hay ofrecimientos de terrenos en otros municipios, no están saneados, y mientras pasa el tiempo se corre el riesgo de que ese dinero sea revertido. Por ello se pensó en esta ampliación”.

Este 2013, el Gobierno desembolsaría 1.5 millones de bolivianos y se podría ejecutar el 20 por ciento de la obra.

En 2014, el Gobierno entregaría 1.5 millones de bolivianos y la Gobernación coadyuvaría con la inversión de unos 4 millones de bolivianos para asegurar la implementación de la obra. El costo total aproximado de la ampliación alcanzaría a 7 millones de bolivianos.

“Si hubiera más dinero se podrían construir otros tres bloques porque creemos que el terreno en El Abra es extenso”, estimó.

Para avanzar rápido en esta construcción, posiblemente se recurra a la mano de obra de los mismos internos. Un escollo que se deberá enfrentar es el de las licitaciones que son muy burocráticas y podrían retrasar mucho más los plazos previstos. Según Llanos, es necesario hallar la forma de sortear estos obstáculos para evitar que una licitación impida la rápida ejecución de la obra.

“No aparecen los planos y papeles del terreno”

El director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Henry Terrazas, confirmó que si bien no existe un presupuesto asignado a la ampliación de la cárcel de El Abra, la institución está dispuesta a colaborar con esta obra invirtiendo hasta 4 millones de bolivianos, si la misma se ejecuta de inmediato.

Si la construcción se demora por razones burocráticas, este año se erogarían 2 millones de bolivianos y la próxima gestión "el dinero que se tenga".

Terrazas aclaró que en este momento no se cuenta con la cifra mencionada, sino que se captará 1.5 millones de bolivianos de Régimen Penitenciario para comenzar las obras y la Gobernación presupuestará su aporte en el Plan Operativo Anual 2014.

"Siempre tenemos la salvedad del presupuesto reformulado, pero Régimen Penitenciario puede desembolsar la suma inicial porque tiene disponibilidad inmediata para agilizar las obras", dijo.

Si bien la parte económica estará garantizada, un aspecto que podría demorar el inicio de la ampliación es que se desconoce en manos de quién están los papeles y los planos del terreno de El Abra.

Para diseñar el proyecto de los tres nuevos bloques es imprescindible contar con los planos de la superficie, para saber hasta dónde se puede abarcar en las construcciones.

"Régimen Penitenciario no halló los papeles y planos, creo que un Comité Procárcel o autoridades de Sacaba los tenían, pero por el momento no saben dónde están dichos documentos", reveló Terrazas.

El proyecto de la construcción tendría dos fases: en la primera se podría optar por recorrer muros y configurar una redistribución para garantizar la seguridad interna mediante la instalación de un anillo interno, la extensión del muro perimetral y los galpones, además de la instalación de divisiones internas para que los internos no se entremezclen.

En la segunda fase será necesario explanar el camino que está detrás del penal y que va hacia el sur, hacia la laguna.

Los terrenos comprenden esta zona y si se gestiona algún dinero más, podría haber espacio incluso para construir un pabellón para mujeres con el fin de descongestionar la cárcel de San Sebastián.

Paralelamente hay que ampliar los talleres de trabajo porque la mayoría de los reclusos de San Sebastián Varones y San Antonio está dedicada a la cerrajería y a la carpintería.

"El sistema progresivo es un tratamiento colectivo ordenado por ley, pero que no se pudo ejecutar antes en el país debido a la falta de infraestructura y recursos. Este sistema requiere de asistencia social y una buena alimentación, no sé si se pueda avanzar mucho en eso", reflexionó.

Este plan alternativo para aliviar el hacinamiento y comenzar a aplicar el tratamiento y reinserción de los internos, recalcó, no podrá avanzar mientras no se hallen los planos y papeles del terreno que ocupa El Abra.

Qué dice la ley acerca del hacinamiento y del sistema progresivo

La Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión es la norma que regula la ejecución de las penas y medidas de seguridad dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes.

El objetivo de imponer una pena a una persona que infringió la ley es proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado, a través de una cabal comprensión y respeto de la ley.

El artículo 5 establece que en los establecimientos penitenciarios prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Queda prohibido todo trato cruel, inhumano o degradante.

El artículo 13 refiere que no debe haber hacinamiento y que es el Estado quien debe garantizar que los establecimientos penitenciarios cuenten con la infraestructura mínima adecuada, para la custodia y el tratamiento de los internos.

SISTEMA PROGRESIVO El artículo 10 de la Ley 2298 establece que la ejecución de la pena se basa en el sistema progresivo que promueve la preparación del interno para su reinserción social. Este sistema limita a lo estrictamente necesario la permanencia del condenado en régimen cerrado.

El avance en la progresividad dependerá del cumplimiento satisfactorio de los programas de educación y trabajo, así como de la observancia del régimen disciplinario.

El artículo 157 señala que el sistema progresivo consiste en el avance gradual, en los distintos períodos de tratamiento, basados en la responsabilidad y aptitudes del condenado en los regímenes de disciplina, trabajo y estudio.

El sistema progresivo comprende 4 períodos: De observación y clasificación iniciales, de readaptación social en un ambiente de confianza, de prueba y de libertad condicional. Para el cumplimiento de estos períodos deberían existir dos tipos de establecimientos: de régimen cerrado y de régimen abierto.