La violación a los derechos humanos en Bolivia curiosa y paradójicamente acaecida en tiempos de “democracia” se ha vuelto una constante. Tenemos ejemplos elocuentes y emblemáticos al respecto, la mayoría de ellos versan sobre violaciones a derechos y garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos de manera universal. Por ejemplo, el derecho a asumir y/o ejercer el derecho a la defensa en forma amplia cuando un individuo es encausado judicialmente, el derecho al Juez natural, el derecho a ser oído, el derecho a la presunción de inocencia y a ser tratado como tal entre tanto no sea vencido en juicio y se pruebe lo contrario, el derecho a que no se aplique una especie de condena anticipada. Todos estos derechos en la Bolivia de hoy son permanentemente conculcados sobre todo cuando se trata de ciudadanos que tienen alguna disidencia política con el régimen gobernante. En estos siete años de un extraño “proceso de cambio” se ha acuñado una especie de nueva categoría de violación a los derechos civiles y políticos que asisten a los ciudadanos de manera universal y esta categoría, si vale el término, está referida a la “judicialización de la política”. Bajo esta nueva denominación ocurre hoy día que varios fiscales y jueces se dan a la “cacería de determinados ciudadanos” a quienes les abren “investigaciones” que muy rápidamente concluyen en una audiencia cautelar y cuya resolución es conocida de antemano, detención preventiva, que a la luz de los acontecimientos posteriores se convierte en una “condena anticipada”. Pero el irrespeto al “estado de derecho”, la inobservancia gubernamental respecto del orden constitucional no concluye tan solo en el ámbito nacional sino que trasciende al contexto internacional. En este sentido podemos citar violaciones a pactos y convenios internacionales, como es el caso del Convenio 169 de la OIT y cuya declaración protege de manera muy amplia los derechos de los pueblos indígenas, pueblos indígenas violentados y ultrajados por el actual gobierno que sin el menor rubor insiste en todavía proclamarse como el “gobierno de los indígenas”. Violaciones a normas internacionales como el “Convenio de Asilo” que se encuentra protegido por Estatutos Internacionales, pero que el actual gobierno boliviano los desconoce, desprecia e incumple, a raíz de cuya conducta el senador Roger Pinto guarda ya un año de “cautiverio diplomático” en la sede diplomática de la Embajada del Brasil.