La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) pide la aprobación de un decreto que le autorice monetizar lo secuestrado en operativos contra el narcotráfico.

Pretende con ello acabar con procesos largos y burocráticos que hoy tiene que cumplir para que un bien secuestrado a un acusado de narcotráfico pase a la administración de Dircabi y si se prueba el delito, se transfiere el bien al Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid).

La propuesta es que en cuanto la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico se incaute de algún inmueble, motorizado o de algún otro bien, se lo monetice de inmediato y el dinero quede en Dircabi hasta que el juez dicte la sentencia.

Dircabi culpa a los jueces de demorar demasiado en la autorización para la transferencia de bienes. La monetización también debe ser autorizada por el juez, pero hoy esto es más difícil.

El proyecto de decreto establece la verificación del estado del inmueble y la anotación preventiva en Derechos Reales para evitar transferencias. Por ahora, cuando el juez ordena el secuestro de algún bien resulta que ya fue vendido hasta tres veces. En otros casos, la autorización demora tanto que el bien ya se ha deteriorado.  

Los bienes incautados al narcotráfico deberían ser útiles a la población, contribuir a erradicar el flagelo de las drogas, rehabilitar a los recluidos por la Ley 1008 y prevenir que los jóvenes caigan en el consumo o el tráfico de drogas.

Sin embargo, los 21.166 bienes incautados al narcotráfico desde 1981 han sido de muy poca utilidad para Bolivia. La falta de control y el manejo arbitrario de esos bienes ha enriquecido a unos pocos y puesto en evidencia la urgente necesidad de reformular la administración de los bienes incautados.

Recientemente se ha reportado la desaparición de unos seis mil bienes registrados en Dircabi, incluso casas.

Debido a graves irregularidades, ya en septiembre de 2012 la ministra de Transparencia Nardi Suxo anunció el cierre definitivo de Dircabi para que todo lo decomisado pase a tuición del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape), dependiente del Ministerio de Economía. Hasta la fecha no se ha avanzado en esa propuesta, aunque se han desarrollado algunas auditorías y se procesa a 69 funcionarios de Dircabi acusados de presuntas irregularidades.

 La auditoría a Dircabi La Paz estableció que el dinero incautado y confiscado a personas vinculadas con el narcotráfico no fue depositado oportunamente en la cuenta fiscal.  Hay diferencias de hasta 957 días entre la fecha de incautación y el depósito de montos que llegan hasta 5 mil dólares.

Las joyas en poder de la entidad están en sus oficinas y no en cajas de seguridad de una entidad bancaria; no hay datos actualizados y confiables. Los contratos de los custodios de bienes están vencidos, mientras que otros no tienen custodio.

La  directora de Dircabi Mirtha Jiménez calcula que el 70 por ciento de los bienes presenta algún grado de desvalorización y el 30 por ciento tiene desactualizada su ubicación física o desapareció.

El 80 por ciento de los bienes en custodia no tiene seguimiento judicial. En algunos casos, está la boleta de depósito y no el dinero, no aparece en el registro o en el banco, o al revés, está el dinero y no se sabe a qué caso pertenece. Dircabi tiene al menos 11,7 millones de dólares en 15 cuentas bancarias.

Es urgente que el Gobierno cuente con un inventario preciso de los bienes incautados al narcotráfico. No se puede prolongar por más tiempo el manejo irregular de esos bienes. La monetización es un tema que debe ser debatido antes de aplicarla por decreto. El control social tiene que fiscalizar estos bienes como única garantía de transparencia y buena administración de esos bienes.