SUCRE

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ruddy Flores, señaló el sábado que Bolivia está en condiciones de presentar acciones jurisdiccionales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o a la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), para resolver, por medio de estas instancias, la controversia internacional del enclaustramiento marítimo.

“Consideramos que Bolivia tiene las capacidades, debe trabajar intensamente y con mucho detalle, las estrategias que permitan plantear una demanda que tenga resultados efectivos ante un tribunal internacional, podemos hablar de la Corte Internacional de Justicia o del Tribunal de Arbitraje Internacional·, sostuvo.

Asimismo señaló que existen otros mecanismos jurisdiccionales, que puedan acompañar todas estas acciones ante estos tribunales, que permitan el acceso definitivo a las costas del Océano Pacífico, tal como establece la Constitución Política del Estado (CPE).

La Constitución Política del Estado establece que es un derecho irrenunciable el acceso soberano al mar y a las costas del Pacífico, por supuesto, las autoridades de todos los estamentos de Gobierno tienen la obligación de realizar las acciones que permitan que este derecho se ejerza plenamente para el país y todos los bolivianos”, expresó, según la agencia oficial de noticias ABI.

INSTANCIAS Puntualizó que en la comunidad internacional existen instancias que resuelven, por medio de sentencias, las disputas que le sometan los Estados, como la CIJ, que tiene su sede en La Haya, Países Bajos, al que el gobierno del presidente Evo Morales acudirá como Estado Plurinacional de Bolivia, para demandar a Chile.

“Si Bolivia plantea una acción ante la Corte Internacional de Justicia, es un mecanismo pacífico reconocido por la comunidad internacional, consecuentemente, Chile no podría o ningún otro país, señalar que es una actitud que no vaya con esos principios pacifistas”, precisó elpresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ruddy Flores.

Detalló también que Bolivia fue muy cauta en las controversias de orden jurídico internacional entre Estados, por lo que las respuestas no siempre fueron efectivas por parte del Gobierno de Chile.