Para ajustarse a los nuevos tiempos, a la Constitución y evitar el monopolio empresarial y traficantes en la explotación de los bosques, se considera en la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio en Diputados el proyecto de Ley de Bosques que pretende consolidar la economía plural con el manejo comunitario como eje para la conservación, productividad e industrialización de los recursos forestales.

 El presidente de esta Comisión, Antonio Molina Serrano (MAS), en entrevista con OPINIÓN, explicó los alcances de la medida legal, a la que la consideró como una medida trascendental.

  “La nueva Constitución Política del Estado garantiza el ecosistema, la biodiversidad, justo equilibrio de aprovechamiento de los bosques, por tanto debemos encarar procesos productivos, industrialización, pero todo en el marco de la conservación y reforestación de los bosques”, afirmó el legislador.

 Por su parte la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, confirmó que este proyecto está contemplado entre los troncales para la primera etapa de aprobaciones de leyes.

 Según Tejada, este proyecto referido a los bosques prevé ser aprobado en el primer cuatrimestre de esta gestión, tal cual contempla la agenda legislativa concertada con el Senado.

 El artículo referido a la economía plural de este proyecto señala: “El Estado promoverá el manejo de los bosques y suelos forestales, con enfoque de economía plural (pública, privada, mixta y comunitaria), priorizando el manejo comunitario de bosques, su industrialización y articulación de los procesos productivos para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva”.

 El legislador Molina explicó que esta medida legal es pilar en el manejo forestal porque viene instruida por la Constitución en sus artículos 386, 387, 388 y 389 que fija a los bosques naturales y los suelos forestales como de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano.

 Además establece que el Estado otorga derechos de aprovechamiento forestal a favor de las comunidades y operadores privados o particulares. Esta prerrogativa deberá ser acompañada con la conservación y aprovechamiento sustentable, la generación del valor agregado a sus productos. Además de la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas.

 El proyecto especifica además los que adquieran el derecho del aprovechamiento forestal están sujetos al cumplimiento y verificación de la función ecológica económica social (FEES), sino lo hacen serán sujetos de reversión.

Se respetará los derechos adquiridos por los actuales concesionarios, pero estarán obligados a migrar las concesiones a contratos que se adecuen a la nueva normativa.

 Las personas individuales o colectivas extranjeras no podrán obtener bajo ningún título derechos forestales dentro de los 50 kilómetros de las fronteras.
MODELO EMPRESARIAL Según el análisis de la norma, el actual modelo de manejo establecido en el régimen forestal vigente, está orientado al sector empresarial con instrumentos de manejo forestal limitados al aprovechamiento comercial de madera, descuidando el aprovechamiento integral de los bosques.

El diputado Molina dijo que la vigente ley forestal restringe la distribución de la riqueza, por lo que urge, cambiar el enfoque hacia un manejo integral de los recursos del bosque a través del manejo múltiple forestal de productos maderables y no maderables.

“Lo que pretendemos es acabar con los monopolios empresariales y los saqueos indiscriminados de madera, que destruyen los bosques”, afirmó.

Esta nueva medida, según Molina, tiene la principal diferencia entre el periodo neoliberal con el nuevo modelo del Estado, porque pretende acabar con la diferencia abismal entre los pequeños productores y las grandes concesiones destructoras de bosques.

La contribución del sector de bosques al desarrollo socioeconómico del Estado, es alrededor del 3 por ciento del PIB, principalmente la producción forestal de madera y castaña. Asimismo la participación del empleo formal forestal en la población económicamente activa es del 4 por ciento, según datos del Gobierno.

Otro de los objetivos de la medida legal es regular las grandes concesiones que dilapidan los bosques, y que casi se constituyen en un monopolio de la explotación de madera del país, en detrimento de los bosques que son los pulmones de Bolivia.

“La exportación de madera del país ha sido un sistema degradador de la naturaleza y que no garantiza la seguridad alimentaria en Bolivia”, afirmó el diputado oficialista.

El cumplimiento de la ley

El proyecto de ley manifiesta que todos los actores forestales sujetos al reconocimiento y otorgación de derechos para el aprovechamiento forestal están sujetos al cumplimiento y verificación de la función ecológica económica social (FEES).

 En comunidades, la FEES comprende el cumplimiento de atributos: organizativos-institucionales (manejo forestal comunitario).

Se refiere a lo ecológico por sus capacidades de uso, protección de áreas de alto valor ecológico, cumplimiento de estándares técnicos mínimos. En lo económico; redistribución de ingresos e inversiones de la riqueza. Es decir la verificación de las FEES estará supeditada por la protección de áreas de alto valor ecológico con estándares técnicos, además de la verificación de una adecuada distribución y cumplimiento de inversiones.

El diputado Molina dijo que se regulará el acceso para el aprovechamiento de los bosques fiscales a través de contratos sean operación o de asociaciones. Se respetará los derechos adquiridos por los actuales concesionarios, migrando las concesiones a contratos que se adecuen a la nueva normativa.