Una información sobre la vigencia de las leyes en el país, que ha surgido en el marco de un taller de asambleístas departamentales, para tratar temas de legislación, arroja un dato por demás curioso: De trece mil leyes que existen en Bolivia, desde la fundación de la Republica, el año 1825, a la fecha, alrededor de cinco mil quedaron obsoletas.

Es importante el propósito de autoridades y de expertos por realizar una actualización de las leyes, desechando aquellas que no sirven por el tiempo y el espacio, que tienen que ver con realidades que se han dado en el paso evolutivo de la sociedad y del conjunto de la legislación, porque están desfasadas y ,en ese sentido, no existen mayores consideraciones. Sin embargo en el proceso de la obsolecencia de las leyes se deben tomar en cuenta algunos aspectos conceptuales.

Existen leyes que resultan obsoletas porque el legislativo no tuvo la capacidad de tomar en cuenta los fines y objetivos de las mismas y porque no fueron concebidas en relación al bien común, es decir, al interés supremo del beneficio que recibe una determinada sociedad, mediante la aprobación y aplicación de la ley. Hay leyes que son aprobadas por los legisladores que no logran trasuntar no sólo un proceso histórico, sino que tienen una vida efímera por lo injustas o absurdas y que muchas veces son rechazadas incluso por movimientos ciudadanos.

Estas leyes por diferentes circunstancias no se aplican pero siguen figurando en los anaqueles legislativos.

Seguramente muchas de las leyes, de acuerdo al informe, son obsoletas, por una parte porque resultaron inaplicables y otras,  porque carecieron de reglamentaciones que determinaron su caducidad.

La ley, como sostienen algunos estudiosos, debe ser eficaz en relación al cumplimiento del objetivo señalado. Hay leyes que, como se dice comúnmente, no tienen “pies ni cabeza” ni en su preámbulo, ni en sus antecedentes, ni en su contexto, ni en su pertinencia histórica.

Existen también otras leyes que de por sí se degradan en sus objetivos, porque resultan efímeros y hasta anecdóticos, como cuando mediante ley se declara algo que resulta repetitivo e irrealizable. Algo así como esas leyes de las que vienen cargados los legisladores generalmente en los aniversarios departamentales.

Pero más allá de estas consideraciones, es importante el propósito de seleccionar las leyes que están vigentes y las que han dejado de formar parte de la economía jurídica, sin descuidar la correlación y el respeto que deben tener incluso leyes actuales respecto a la supremacía de la Constitución Política del Estado.

Existe un principio insoslayable y señala que no pueden existir leyes que se sobrepongan a otras o que existan contradicciones entre leyes, decretos y resoluciones, algo frecuente que podría verificarse con un estudio minucioso en esta materia y que conlleva a la confusión legal,  que permite situaciones de grave perjuicio para los ciudadanos que se encuentran en determinadas situaciones en las que acuden a la ley para su protección o para reclamar derechos.

Como se ha destacado en el taller de asambleístas, se debe tener un escenario claro sobre la vigencia de las leyes y ésto puede ser posible, ahora, con los adelantos tecnológicos para llevar el conocimiento adecuado a los ciudadanos  mediante sistemas de clasificación.