Bolivia ocupa el lugar 118 entre 182 países calificados por su Corrupción, según un informe de Transparencia Internacional. El índice no mide cuántos hechos corruptos ocurren en el país, sino qué tan corruptas o transparentes perciben los ciudadanos a su administración pública, o qué piensan del comportamiento de los actuales políticos.

La corrupción en Bolivia es letal por ser sistemática, forma parte de la propia estructura, es decir, no es ocasional o coyuntural, sino algo absolutamente normal, la administración pública está pensando en la corrupción. Si existen corruptos no es porque los políticos sean singularmente corruptos, sino porque la sociedad lo es y los representantes públicos, que forman parte de ella, siguen esas prácticas delictivas.

Como una pesadilla arrastramos esta vergüenza nacional en una sucesión de graves episodios de corrupción estatal, no atribuibles sólo a este Gobierno, pero en este caso no aparecen como hechos aislados, sino como productos de la concentración de un poder sin control. Cada sistema de Gobierno es más o menos corrupto y la ejercen donde, cuando y como pueden, y cuando se descubre un escándalo no tienen ningún interés en que se continúe investigando porque puede llegar a afectarles. El cinismo político está enquistado. Los ciudadanos votan confiando en comportamientos honestos, pero es una ilusión, la corrupción está presupuesta ¿Quién tiene la responsabilidad? los propios ciudadanos, porque admiten la corrupción, son corresponsables porque la ven y la toleran. Esto se demuestra cuando políticos imputados, e incluso condenados, se presentan a las siguientes elecciones y las ganan. Las penas de inhabilitación o suspensión para cargo público son raras, el condenado puede volver así a ejercer como si nada hubiera sucedido. Incluso debemos estar preparados a que se indulten los delitos de corrupción. El robo es a los pobres y tiene doble consecuencia: se roba a sus oportunidades y se roba a su esfuerzo, porque es un expolio que perjudica gravemente al país y a su gente. Las leyes de transparencia no sirven para combatirla, la ley regula la realidad, pero no la sustituye y nunca han dado resultado. Cuanto más tradición autoritaria y machista, más afloran ese tipo de actuaciones que mezclan “inmoralidad” y “temeridad”. La Policía, la Fiscalía, la Contraloría y los juzgados tienen en sus cajones miles de expedientes que se arrastran en el tiempo. En este contexto, hay que atacar las causas, no los efectos. La educación moral, la lucha contra la pobreza y la más amplia libertad de expresión, reemplazan a los controles institucionales que no sirven. La ciudadanía sirve de vigilante y de contrapeso con la movilización social y la denuncia de conductas corruptas.