Los millonarios recursos generados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que cambiaron de manera positiva y radical la economía nacional y de las regiones, se ha constatado que aún no fueron utilizados de manera estratégica y son consumidos en gastos corrientes y no en inversiones.
Esa situación es advertida por la Fundación Jubileo, institución de la Iglesia católica especializada en temas económicos, que en un extenso estudio sobre los primeros siete años de vigencia del IDH advierte que la economía nacional se basa en la explotación de recursos naturales no renovables como los hidrocarburos y la minería.

“Los mayores y grandes recursos adicionales que se reciben desde la gestión 2005 por concepto del IDH no han sido utilizados de manera estratégica en sentido de apuntar hacia un proyecto de desarrollo para el país o el logro de cambios estructurales, como ser una economía productiva, sostenible y que genere ingresos y empleo”, dicen las conclusiones del estudio.

Señala que esos recursos han sido utilizados para cubrir diferentes necesidades y demandas de gastos corrientes e inversiones en los diferentes niveles de Gobierno y, en cierta medida, están siendo dispersados. “En algunos casos, como el sector caminos, ni siquiera se ha cubierto la necesidad de financiamiento de este sector, el mismo que es financiado con deuda”.

Advierte que la mayor parte del IDH está siendo consumida en gastos corrientes y no así en inversiones, lo que genera riesgo de insostenibilidad e implica una pérdida de patrimonio. Por otro lado, los recursos que se asignan a sectores productivos y que generan empleo son mínimos.

Al observar el desenvolvimiento de la economía en su conjunto, al tratarse de una gran cantidad de recursos que a través del gasto público ingresa constantemente a la economía, se tiene mayor liquidez y mayor movimiento económico; pero esta situación, en parte, está siendo alimentada y sostenida con la constante venta de recursos naturales que son no renovables, por lo que no es sostenible, se indica.
ESTADO RENTISTA Jubileo sostiene que la situación que se observa es un claro indicador en sentido de que se han ahondado las características de un Estado rentista.

Resaltan claramente las tareas pendientes y urgentes como ser asignar estos recursos a inversión en lugar de gasto corriente y, por otro lado, analizar cómo y quién puede hacer la inversión productiva y/o cómo incluir la participación del sector privado en esta dinámica, siendo las transferencias público privadas una interesante alternativa.

 Recuerda que la Ley de Hidrocarburos fue aprobada en mayo de 2005, en medio de cambios de Gobierno y un clima de crisis social y política. “Los recursos del IDH no han sido distribuidos y asignados conforme a un criterio de planificación, sino conforme a decisiones políticas, presión y protesta”.

Sostiene que para reorientar el uso de los recursos se necesita, inicialmente, discutir la distribución de los mismos, para lo cual se requieren espacios de diálogo, concertación y planificación, más aún considerando que bajo el nuevo diseño de Estado, con gobiernos subnacionales autónomos, cada nivel decide en qué gastar sus recursos.

“Sin embargo, ya pasaron siete años de vigencia de la Ley de Hidrocarburos; pero, al parecer, la agenda política se antepuso a las necesidades económicas y sociales. Mientras el tiempo transcurre, el periodo del auge económico por la extracción de recursos no renovables está pasando. Incluso el periodo de superávit fiscal tiende nuevamente a regresar a niveles deficitarios”.

Se prioriza el gasto corriente a la inversión

Si bien los recursos IDH, debido a su naturaleza, debieran ser destinados a inversión, se debe señalar que la Renta Dignidad es gasto corriente, y los sectores de educación y salud son sectores cuyo funcionamiento implica asignaciones de recursos hacia gastos corrientes más que inversión.

- A pesar de que la Ley de Hidrocarburos establece al sector caminos como uno de los destinos prioritarios de los recursos del IDH, no se definió una asignación explicita de estos recursos para la Red Fundamental de Caminos. La Administradora Boliviana de Carreteras es mayormente financiada con recursos de crédito.

- La Ley Marco de Autonomías establece las funciones generales que cumplirán preferentemente las diferentes autonomías y señala el desarrollo productivo como función del nivel departamental.

Es justamente el nivel departamental el que mayores recursos asigna a sectores productivos, especialmente al agropecuario; sin embargo, la mayor parte del impuesto va a los municipios y solo un 10 por ciento a las gobernaciones.

- Desde la creación del IDH, los diferentes niveles de Gobierno han acumulado millonarios saldos en cuentas bancarias de presupuestos que no se han ejecutado en su totalidad, y se ha pasado de una etapa deficitaria a una etapa superavitaria.

Estudio observa que el IDH no es sostenible en el tiempo

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), no es sostenible en el tiempo, debido que se origina en un recurso que no es renovable, advierte un reciente estudio de la Fundación Jubileo, institución de la Iglesia católica.

Sostiene que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, al igual que las regalías, tienen características particulares que los diferencian de otros impuestos y otras fuentes de financiamiento del Estado.

Subraya que esta renta proviene de la explotación de hidrocarburos que, al igual que los minerales, son no renovables, es decir, que a medida que se extraen se van agotando y, por lo tanto, en el futuro se van terminar.

“Entonces, no son ingresos recurrentes en el largo plazo, sino ingresos extraordinarios y perecederos. Éste es un elemento muy importante a momento de asignar estos recursos, puesto que si se los destina a gastos corrientes, como sueldos, que son recurrentes en el tiempo, puede significar problemas de insostenibilidad a futuro”.

“Puesto que estas fuentes tienden a agotarse, y por lo tanto, los ingresos del país y del sector público en algún momento van a disminuir, estas rentas debieran servir para diversificar la economía y generar ingresos más sostenibles en otros sectores productivos”, señala.

Añade que se debe considerar a estos recursos como parte del patrimonio del país, y que al extraerlos y venderlos, el Estado está cediendo una parte de su patrimonio y a cambio recibe la renta (IDH y regalías).

De ahí la importancia del uso y destino que se dé a esta renta. Si estos recursos se los destina a gasto corriente, que es equivalente al consumo del Gobierno, se estaría perdiendo patrimonio, y si se lo destina a gasto de capital o inversión se estaría reponiendo o incrementando este patrimonio.

Al margen del proceso de extracción, los hidrocarburos y minerales no se los produce (entendiendo producción como un proceso mediante el cual se crean o transforman bienes y servicios), sino son una dotación de la naturaleza y se constituyen en mercancías en sí mismos, independientemente de que sean transformados en otros productos, se explica en el estudio publicado por Jubileo.

El impuesto a los hidrocarburos tiene destino disperso

El uso de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), es disperso, distribuido entre más de una docena de instituciones. Su principal destino es el financiamiento de la Renta Dignidad, en un 26 por ciento, en tanto que menos de un 4 por ciento llega a financiar a sectores productivos.

Esa situación es revelada por la Fundación Jubileo, institución especializada en temas económicos, que depende de la Iglesia católica. La investigación sobre el IDH, a siete años de su vigencia, detalla que casi el segundo rubro de financiamiento con gastos corrientes (salarios del Estado).

“Un primer aspecto que llama la atención es que existe una dispersión en el uso de estos recursos hacia un gran número de finalidades, resultado del amplio abanico de posibilidades de gasto o competencias que determina el marco legal, y que refleja también que los diferentes niveles de Gobierno han atendido, con estos nuevos recursos, diferentes necesidades y demandas, más allá de un plan estratégico o proyecto conjunto”, señala.

Con relación a las prioridades, indica que la mayor parte (26 por ciento ) es destinada a la Renta Dignidad; entre 18 por ciento y 19 por ciento a Gastos Corrientes del Nivel Central; y entre 10 por ciento y 11 por ciento a Educación. “Los demás sectores cuentan con una asignación por debajo del 10 por ciento , donde estarían los sectores de universidades, caminos, salud, infraestructura (urbana, rural y vivienda); y por debajo de 5 por ciento hay una gran cantidad de otros sectores, entre los cuales están los productivos”.

“El sector agropecuario recibe casi el 3 por ciento y el desarrollo económico/productivo solamente alrededor de 1 por ciento , haciendo un total de menos del 4 por ciento destinado a sectores productivos”.

 “A pesar que la normativa sobre el destino del IDH ha puesto énfasis en la asignación a sectores productivos –especialmente para el nivel municipal-, esta consideración no ha tenido éxito en su aplicación”, agrega.

 

RENTA DIGNIDAD Jubileo destaca que la Renta Dignidad resulta siendo la primera prioridad de gasto con los recursos del IDH; “sin embargo, esta determinación no estaba comprendida ni en el Referéndum del Gas ni en la Ley de Hidrocarburos, sino es efecto de una política posterior plasmada en una ley de finales del 2007”.

Dice que si bien los sectores de educación, salud y caminos estarían entre los que relativamente captan los mayores porcentajes de estos recursos, no sucede lo mismo con las asignaciones hacia desarrollo productivo y generación de empleo, al haber quedado estos sectores claramente postergados.

Además, Jubileo llama la atención sobre la gran asignación de recursos a universidades, ”por encima del sector salud, y lejos de la asignación a sectores productivos que generan empleo, lo que podría significar una inconsistencia entre el gasto en la formación de profesionales y las fuentes de empleo que se generan en el país para estos profesionales”.

“A diferencia de la producción de otros bienes, por los hidrocarburos y minerales se cobra una renta, adicional a los impuestos que en general existen para todos los sectores. Esta renta sería como el valor que se le da a las riquezas, que está dentro del precio de venta, independientemente de los costos de su extracción”.