La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo este lunes que el Gobierno de Evo Morales no iniciará ninguna investigación contra el Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, o, de la directora regional de ADEMAF, Jessica Jordan, como de otras autoridades de Gobierno, por una supuesta vinculación con el narcotráfico denunciadas en la revista brasileña Veja.
Para la autoridad de Estado la publicación del artículo está relacionado con el caso del senador Roger Pinto y un supuesto grupo de parlamentarios brasileños de la derecha  que “comulgan “, con su línea política, los cuales se mueven en el Brasil para publicar este tipo de noticias.
“No hay nada que investigar, el presidente y el Gobierno no están involucrados en hechos delictivos con el tema del narcotráfico ni nada por el estilo y si alguna vez se presento algún caso como el del señor Sanabria detenido en Estados Unidos, lo único que hizo el Gobierno es desmantelar la red que involucraba a policías”  manifestó Dávila en rueda de prensa.
Respecto al inicio de un proceso por parte del Gobierno boliviano, Dávila señaló que se harán las gestiones correspondientes en busca de sancionar al medio de comunicación, que a su criterio utilizó información falsa y sin fundamento, aunque no cree que pueda tener algún resultado por el supuesto poder económico y político que tendría la revista.  
“Veja tiene varios procesos penales, un proceso penal como el boliviano va ser una raya más al tigre, puesto que tiene  muchísimos procesos en su haber, además es una revista poderosa que tiene mucho tiraje y que se fundamenta en el chantaje a partidos políticos”, señaló.
Agregó que la revista Veja es el “modelo del anti periodismo”, pues no existe en el país algo parecido, por lo que considera que detrás del objetivo de este medio de comunicación existe intereses políticos e incluso económicos.
LA PUBLICACIÓN: Bajo el título "La República de la cocaína", Veja publica un reportaje, supuestamente basando en un informe de la  "unidad de inteligencia de la policía boliviana en la que asegura  que agentes que vigilaban la casa del narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado, en Santa Cruz, fueron testigos del encuentro de éste con Quintana y Jordan. Según esta versión luego de "una cena extravagante" ambos funcionarios públicos bolivianos, que llegaron con las manos vacías, salieron con "dos maletines", cuyo contenido es una interrogante.
Según la publicación, la banda de narcotraficantes que dirigía Maximiliano poseía haciendas en Guajará-Mirim (fronteriza con Bolivia) y en otras ocho ciudades del Estado Rondonia, de donde recogían la droga que era lanzada desde aviones bolivianos. "Mensualmente, la banda de Max reciba unos 500 kilos de cocaína que luego eran transportados a San Paulo y Río de Janeiro.
El narcotraficante huyó de la cadena Urso Branco, en Rondonia en el 2001, y para entonces se sospechaba que estaba escondido en Bolivia. De hecho, tenía un inmueble en Santa Cruz de la Sierra", señala.
La publicación señala que el senador Roger Pinto, en marzo del 2011 entregó la copia del informe acerca de la reunión entre Quintana y Max, entre otros papeles con denuncias, al presidente Evo Morales. Pinto recibió asilo político en la embajada de Brasil en La Paz  y aún no había recibido el salvoconducto del gobierno boliviano para poder embarcarse en un avión con destino a Brasil.