El Gobierno chileno endureció su postura sobre la solución a la demanda marítima boliviana. En 2011, en ocasión de la 41 Asamblea de la Organización de Estados Americanos en El Salvador, su canciller Alfredo Moreno dejó entrever un resquicio en torno a la compensación territorial.
No obstante, ayer en Cochabamba, en la última plenaria de la 42 asamblea de ese organismo, sus palabras dejaron entrever un endurecimiento de su posición respecto al tema; además que se vislumbró, en sus argumentos, una defensa vehemente a la vigencia de los tratados.
“Chile ha señalado muy claramente que no está en condiciones de otorgar a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico, menos aún sin compensaciones”, sostuvo el canciller Moreno en junio de 2011.
Ayer, el diplomático no hizo referencia a este elemento. Y más bien sostuvo que el actual Gobierno chileno, cuando inició su mandato, estableció un diálogo con Bolivia sobre “bases muy claras”: las conversaciones deberían desarrollarse “con pleno respeto al Tratado de Paz y Amistad de 1904” y no se considerarían “iniciativas” que impliquen “sesión de soberanía” de Chile.
El ex canciller Javier Murillo sostiene que Chile “sistemáticamente viene endureciendo su posición respecto a nuestro problema marítimo”.
Según la ex autoridad, Chile muestra una constante en su postura de “endurecimiento”, que se puede verificar en todas las actuaciones de los sucesivos gobiernos de ese país en los últimos 30 años: en 1975 negoció una salida al norte de Arica, en 1987 cerró toda posibilidad y a partir de entonces viene volviéndose “menos flexible y más irreductible” en esa posición, alejando así cada vez más un arreglo.
El domingo pasado, el presidente Morales sostuvo que las “guerras no otorgaban derechos”, en referencia al conflicto bélico de 1979. Moreno le respondió que “lo que genera derechos son los tratados”.
Ayer por la mañana, en otra réplica al diplomático chileno, Morales dijo que los tratados tampoco “son la última palabra” e incluso son “revisables”.
Por la tarde, Moreno aseveró que la judicialización de la demanda boliviana es “lamentable porque intenta poner en tela de juicio la validez de un tratado vigente por más de 100 años”, el cual ha brindado “una convivencia pacífica y mutuos beneficios”, y citó un “principio universal” de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “lo pactado, obliga”, dijo.