Los asentamientos ilegales sobre la cota 2750 son la principal amenaza contra el Parque Nacional Tunari (PNT), coinciden la asambleísta Soledad Delgadillo y la ambientalista Natalia Vega. Son cerca de 3.000 familias que viven ilegalmente en el área protegida debido a la parcelación indebida de los terrenos agrícolas, explica Delgadillo.

El proceso de urbanización y la consecuente impermeabilización de la zona de recarga acuífera (en la cota 2750) amenaza la provisión de agua de riego para el Valle Bajo y de consumo para los habitantes de la zona sur.

El informe elaborado por el Centro de Levantamiento Aeroespacial (Clas) es contundente en este sentido y hace referencia a que las aguas subterráneas que se infiltran desde el pie de la cordillera y la cota 2750 se están contaminando, en tanto que los asentamientos humanos causan la impermeabilización del suelo. Es por esto que la provisión del agua ha disminuido drásticamente y está muy contaminada dice Vega.

La cordillera del Tunari, brinda innumerables beneficios ambientales. Allí se resuelven el clima, el manejo de recursos hídricos, de carga, recarga y descarga de los acuíferos, de los vasos reguladores, de la cobertura vegetal, del nivel freático, la humedad, la biodiversidad, etc.

Vega tiene la certeza de que la Ley del Parque Nacional Tunari, es la única medida de planificación territorial que se debe defender, porque la sustentabilidad del futuro de todo el conjunto metropolitano se resuelve en esta zona.

La ambientalista recomienda el diseño y ejecución de obras de relativo bajo costo en la ladera sur del Parque Tunari, que protejan e incrementen, significativamente, la capacidad del área para captar recursos hídricos evitando al mismo tiempo riesgos de erosión, de contaminación e inundación. La existencia de depósitos subterráneos, hoy casi vacíos, de mayor capacidad que el embalse de Escalerani o de Misicuni, explican el bajo costo.

Vega aconseja también desarrollar trabajos para la recuperación hídrica como: ejecutar canales horizontales en la cota 2750, como límite de crecimiento urbano; diversas zanjas de infiltración de agua, terrazas, estanques, atajados en las laderas donde se pueda y lagunas. Asimismo, se debe establecer un programa de forestación adecuada y planificada desde la cota 2750.

Según Vega, es urgente lograr un acuerdo que permita el control militar a lo largo de la cota. “No se debe permitir la existencia de redes de servicios urbanos, en el Parque Nacional Tunari y en otras áreas protegidas”, subraya Vega.

La parcelación de los terrenos en el Parque es ilegal, ya que se trata de terrenos agrícolas y por ser un área protegida no se permite el cambio de uso de suelo.

La extensión mínima de cada uno de ellos es de 5.000 metros cuadrados, explica Vega. Sin embargo en el lugar se observan viviendas de cerca de 300 metros cuadrados.

Los municipios con más problemas de asentamientos en el PNT son Cercado, Sacaba y Tiquipaya.

El PNT fue creado el 30 de marzo de 1962 con el Decreto 6045 que se eleva a rango de Ley el 4 de noviembre de 1963.

 Un comité lucha por la preservación

Con el propósito de consolidar el Parque Nacional Tunari (PNT) como un área protegida se conformó un Comité Interinstitucional, conformado por representantes de la Brigada Parlamentaria, Asamblea Legislativa Departamental, los municipios de Colomi, Sacaba, Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe con el propósito de la búsqueda de respuestas sociales, jurídicas y técnicas a los conflictos en el PNT.

La ambientalista Natalia Vega ratifica la demanda de impedir modificaciones a la ley, reconocer la importancia estratégica del PNT para el futuro desarrollo de la región y preservar la integridad del territorio comprendido en el PNT evitando drásticamente invasiones y relocalizando a los asentamientos ilegales. Es necesario procesar a los infractores, imponiendo sanción ejemplarizadora a los loteadores y hacer cumplir la ley, evitando todo cambio de uso de suelo.

La asambleísta Soledad Delgadillo explica que el Comité pretende encarar soluciones a los problemas sociales, jurídicos y legales. Los resultados del trabajo del grupo de autoridades departamentales serán utilizados como insumos para que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas elabore un Plan de Manejo del Parque Nacional Tunari.

Hay un enorme desorden en el crecimiento de asentamientos urbanos ilegales “porque aunque ellos pagan por la fracción de tierra, no pueden consolidar su derecho propietario porque las normas ambientales no se los permiten”, ya que se prohíbe el cambio de uso de suelo en áreas protegidas, concluye Delgadillo.